Juez definirá medidas de coerción en caso SENASA 2.0 este domingo

El juez Rigoberto Senadará conocerá este domingo a las 7:00 p.m. su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los imputados en la segunda etapa de la Operación Cobra, proceso que investiga un presunto esquema de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Trece imputados admitieron los hechos que se les atribuyen ante el tribunal, lo que llevó al órgano persecutor a modificar la medida de coerción a arresto domiciliario para nueve de ellos. Entre los beneficiados con esta medida figuran Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

El Ministerio Público presentó 706 medios de prueba, los cuales considera suficientes para sustentar la imposición de las medidas solicitadas. Mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los restantes imputados de esta etapa.

Entre aquellos a quienes se les solicita prisión preventiva se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, y los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

La Operación Cobra investiga un supuesto entramado de corrupción instalado en el SeNaSa. En una primera fase, se arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla del esquema, junto a otros implicados.

Los delitos que se les atribuyen a los involucrados incluyen, entre otros, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según el órgano acusador, la investigación ha permitido reunir evidencia sobre presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y manejo irregular de programas especiales que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos.