Juez confirma arresto domiciliario en caso Lobo por presunto desfalco de RD$108 millones

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó el arresto domiciliario a uno de los implicados en el caso Lobo, red acusada de desfalcar al Estado dominicano con más de RD$108 millones mediante sobornos y manipulación de licitaciones de servicios de seguridad.

El juez Deiby Peguero ratificó la medida de coerción durante la revisión obligatoria solicitada por Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien buscaba cambiar su arresto domiciliario por presentación periódica y una garantía económica.

En la misma audiencia, el magistrado modificó la forma de pago de la garantía económica de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), pasando de 5 millones de pesos en efectivo a un contrato que cumple con el mismo valor.

La audiencia preliminar contra la presunta red de corrupción está programada para iniciar el 7 de septiembre, tras la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicita el envío a juicio de todos los involucrados.

Según la acusación del Ministerio Público, la red criminal integrada por militares y civiles se dedicaba a recibir sobornos y manipular procesos de licitación en instituciones públicas para obtener contratos de servicios de seguridad, defraudando al Estado con un monto total de RD$108,080,359.92.

Entre los acusados figuran oficiales de alto rango como el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los contratos fraudulentos se centraron en instituciones clave como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur, donde se aseguró la permanencia de los beneficios mediante pagos ilegales.

La investigación fue iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que alertó sobre una red criminal dedicada al fraude estatal mediante sobornos y manipulación contractual.

Los pagos ilícitos realizados por Senase entre 2012 y 2025 incluyeron transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, diseñados para garantizar la adjudicación y renovación de contratos de seguridad privada a cambio de beneficios económicos para los funcionarios públicos involucrados.