JCE apelará sentencia de EE.UU. que ordena pago por servicios no contratados
La JCE apelará sentencia de EE.UU. que ordena pago de US$653,250 por servicios no contratados, alegando falta de notificación adecuada y uso indebido de fondos públicos.
Ana María Guzmán
Editora de Salud
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana anunció que apelará, por todas las vías judiciales nacionales e internacionales disponibles, la sentencia emitida por un tribunal de Estados Unidos que ordena el pago a la empresa Latin Events, LLC por servicios que la institución asegura no haber contratado.
El Pleno de la JCE instruyó desplegar todos los recursos legales necesarios para proteger los intereses, la imagen y el buen nombre de la institución, tras el auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por la empresa.
La entidad explicó que sí mantuvo un contrato con Latin Events para algunos servicios de publicidad y logística, los cuales fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria SWIFT realizada el 21 de mayo de 2024 por un monto de US$ 230 mil.
Sin embargo, sostuvo que posteriormente la empresa remitió facturas por servicios que, según la JCE, nunca fueron contratados, entre ellos un cobro de US$ 600 mil, más US$ 53,250 por concepto de impuestos, correspondiente a la impresión de 15 mil boletos para la serie Titanes del Caribe, celebrada en el Citi Field de Nueva York entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey en noviembre de 2023.
La Junta también alegó que no fue debidamente notificada en su sede de República Dominicana, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa. Argumentó que, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones realizadas a consulados en el exterior no sustituyen las dirigidas a la institución en territorio dominicano.
La JCE reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que agotará todas las instancias judiciales necesarias para demostrar que nunca asumió la obligación reclamada, con el objetivo de salvaguardar el uso correcto de los fondos públicos.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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