Investigación del DHS sobre votantes no ciudadanos genera críticas por posibles errores y presiones legales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) enfrenta denuncias por una iniciativa que busca identificar a presuntos votantes no ciudadanos, la cual podría estar violando leyes estatales y generando riesgos de identificación errónea de ciudadanos estadounidenses, según un informe divulgado por senadores demócratas y basado en declaraciones de un informante federal.

La iniciativa, denominada "Unlawful Voter Initiative", fue puesta en marcha por el DHS y capacitó a empleados de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para revisar registros estatales de votantes con el objetivo de detectar supuestos votos ilegales. Según el informante, a finales de agosto se obligó a estos empleados a dejar temporalmente sus funciones habituales, completar una capacitación de menos de dos horas y comenzar a utilizar listas proporcionadas por el DHS para buscar personas en los sistemas estatales.

Los empleados deben revisar aproximadamente 40 personas al día, lo que les deja alrededor de 12 minutos por caso para determinar la elegibilidad legal para votar y generar un registro federal sobre quienes supuestamente no están habilitados. Esta presión de tiempo ha generado preocupación entre el personal, quienes advierten que el procedimiento podría llevar a errores debido a la limitada disponibilidad de información confiable.

El informe, de casi 30 páginas y publicado por el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el senador Alex Padilla, incluye capturas de pantalla y transcripciones de la capacitación. Señala que en algunos estados, como Virginia, el acceso a los sistemas de registro electoral está restringido a personas que certifiquen, bajo pena de ley, que están consultando sus propios registros. En California, se requiere información personal como número de licencia de conducir o parte del Seguro Social para acceder a ciertos registros.

Según el informante, empleados de USCIS expresaron preocupación por las posibles consecuencias legales de realizar búsquedas en contra de las instrucciones estatales, pero fueron instruidos por sus superiores para continuar con las consultas. Además, advierte que las diferencias entre los datos manejados por el DHS y los registros estatales aumentan el riesgo de que ciudadanos estadounidenses sean identificados incorrectamente como votantes no autorizados, lo que podría vincularlos a registros oficiales y desencadenar investigaciones posteriores.

Schumer y Padilla calificaron la iniciativa como un intento más de interferencia electoral por parte del expresidente Donald Trump, quien ha promovido la noción de voto no ciudadano como un problema significativo, pese a que estudios han demostrado que dicho fenómeno es extremadamente raro. Los senadores enviaron una carta al secretario del DHS, Markwayne Mullin, solicitando información adicional y exigiendo la suspensión de la iniciativa.

El DHS defendió la investigación, afirmando que su objetivo es procesar y deportar a extranjeros que voten ilegalmente y proteger el peso de los votos de los ciudadanos estadounidenses. Un portavoz indicó que el departamento utilizó datos públicos de registros electorales estatales y los cruzó con información de extranjeros conocidos en sus sistemas. Sin embargo, no respondió directamente a las acusaciones de presionar a empleados para violar protocolos estatales ni de generar riesgos de falsas identificaciones.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtener acceso detallado a sus registros electorales, aunque hasta ahora no ha logrado success en esos casos. Ante esta limitación, la iniciativa del DHS habría buscado una alternativa: ordenar a empleados de USCIS que se hicieran pasar por votantes para acceder a los sistemas estatales, según alega el informante.