Inicia presentación de pruebas en caso Calamar contra exfuncionarios acusados de desfalco estatal

El Ministerio Público inicia este lunes la presentación de pruebas testimoniales en el juicio seguido contra Donald Guerrero y otros implicados en el caso Calamar, acusados de presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Las pruebas serán presentadas ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Aylin Ventura, quienes escucharán a los testigos en el proceso judicial que sigue su curso tras la lectura de la acusación, que consta de 3,373 páginas.

Los fiscales del Ministerio Público iniciarán la presentación de las pruebas luego de concluir la lectura de la acusación, durante el juicio seguido contra los implicados. En declaraciones ofrecidas la pasada semana, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró que, con las pruebas colectadas por el órgano acusador, demostrarán las metodologías empleadas por los acusados para cometer los delitos que se les atribuyen.

Implicados en el caso Calamar

Entre los imputados figuran el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.

También están incluidos como imputados: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.

Además, se encuentran acusados: César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa, quienes fueron enviados a juicio el pasado mes de mayo.

Antecedentes y cargos

Los implicados fueron arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023. Según la acusación, integraban una estructura que habría desviado la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura, además, habría sustraído dinero correspondiente al pago de deudas a ministerios. Al grupo también se le atribuye la implementación de un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda, en estricto apego al marco jurídico.

El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.