Inicia juicio preliminar por colapso en discoteca Jet Set que dejó 236 muertos

Este lunes inicia formalmente el proceso judicial por la tragedia del Jet Set Club, con la audiencia preliminar contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, será el encargado de evaluar las pruebas para determinar si el caso pasa a un juicio de fondo.

Los cargos y la investigación

El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. La audiencia, programada para las 9:00 a.m., representa un paso crucial nueve meses y tres días después del colapso que conmocionó al país. Las investigaciones señalan que la tragedia, ocurrida el 8 de abril, fue consecuencia directa de una sobrecarga estructural en el techo del local.

Según la acusación, los propietarios incrementaron el riesgo al instalar equipos de climatización de gran tamaño y tanques de agua sin los estudios técnicos necesarios para garantizar la capacidad de soporte del edificio. Además, se alega que desatendieron advertencias internas sobre el deterioro progresivo del techo, priorizando la reducción de costos sobre la seguridad de los asistentes.

El desarrollo de la audiencia preliminar

Durante esta etapa, el magistrado Mejía analizará los elementos probatorios presentados por tres partes: el órgano acusador (Ministerio Público), la defensa de los imputados y los abogados que representan a las víctimas. El objetivo legal es determinar si existen fundamentos suficientes para enviar el caso a un juicio de fondo, donde se definirían eventuales responsabilidades penales.

La tragedia, catalogada como una de las más graves en un centro de entretenimiento en la historia dominicana, dejó un saldo de 236 personas fallecidas y decenas de heridos. Entre las víctimas fatales se encontraba el destacado merenguero Rubby Pérez, lo que añadió una profunda conmoción nacional al suceso.

El desarrollo de esta audiencia es seguido de cerca por la sociedad dominicana, que espera que el proceso judicial aclare las responsabilidades y contribuya a establecer precedentes en materia de seguridad en establecimientos de uso público. El resultado de la fase preliminar marcará el rumbo legal de uno de los casos más sensibles de los últimos tiempos.