Informe revela que el 64.57% de privados de libertad en RD están en prisión preventiva

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, que evidencia un preocupante aumento de la prisión preventiva y el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios dominicanos. El documento, dado a conocer en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, advierte que esta situación vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y sobrepasa ampliamente la capacidad instalada del sistema.

Al cierre de 2025, la población penitenciaria nacional alcanzó las 23,270 personas, de las cuales 15,025 permanecían bajo prisión preventiva, equivalente al 64.57% del total. Este porcentaje representa uno de los niveles más altos de los últimos años y contrasta con las 8,156 personas (35.43%) que cumplían condenas definitivas. El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, enfatizó que "la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla", alertando sobre su uso persistente más allá de su carácter excepcional.

El hacinamiento carcelario alcanza niveles críticos: con una capacidad instalada de 16,357 plazas, el sistema alberga un 42.26% más de personas de las que está diseñado para recibir, lo que equivale a una ocupación del 142.26% y un excedente de 6,913 internos. Como consecuencia, muchos privados de libertad duermen en el suelo, pasillos, debajo de camarotes o en estructuras improvisadas conocidas como "goletas", particularmente en centros como la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se reportan insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.

La población penitenciaria es predominantemente masculina: 22,563 hombres (96.96%) y 707 mujeres (3.04%). La ONDP destacó que, aunque minoría, las mujeres requieren políticas diferenciadas conforme a las Reglas de Bangkok, así como los adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes deben ser atendidos según las Reglas de Beijing. Se mencionó el proyecto de construcción de un nuevo centro para este grupo en La Vega.

Deficiencias estructurales y en servicios básicos también fueron documentadas: falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de salud mental, carencias alimentarias, escasez de vehículos para traslados judiciales o hospitalarios y fallos en los servicios de salud. Estos problemas agravan las condiciones de detención y dificultan la reinserción social.

No obstante, el informe reconoce avances significativos, como el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación. Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos por transformar el sistema penitenciario nacional.

Rodolfo Valentín Santos concluyó que "la forma en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad es un reflejo de su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho", y reiteró que el informe busca no solo señalar problemas, sino proponer soluciones para una reforma penitenciaria profunda, enfocada en reducir el hacinamiento, garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva y asegurar condiciones compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.