Informe denuncia trabajo forzado en plantaciones de caña de República Dominicana vinculadas a EE.UU.

Un grupo de derechos humanos denunció que el trabajo forzado persiste en las plantaciones de caña de azúcar de Central Romana Corporation en la República Dominicana, empresa que exporta azúcar a Estados Unidos, su principal mercado. Según el informe publicado por Corporate Accountability Lab, tras más de tres años de investigación, se documentaron condiciones laborales abusivas que incluyen retención de salarios, jornadas excesivas y viviendas inadecuadas para miles de trabajadores.

La organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab afirmó que Central Romana Corporation, el mayor empleador y propietario de tierras del país, mantiene vínculos con figuras del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al expresidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. El informe también señala que uno de los propietarios de la empresa es Fanjul Corp., con sede en Florida y dueña de Florida Crystals, cuya familia mantiene estrechos rapporti con el gobierno dominicano y con Trump.

Estados Unidos había impuesto una prohibición a las importaciones de azúcar y productos relacionados de Central Romana en 2022 tras una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que acusó a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios y presionar para horas extra excesivas. Sin embargo, dicha prohibición fue revertida el año pasado bajo la administración de Trump.

Grupos locales de la sociedad civil estiman que hasta 8.000 trabajadores laboran en los cañaverales de Central Romana, que abarcan más de 70.293 hectáreas (173.700 acres). Muchos de ellos son migrantes haitianos o descendientes de estos, quienes, pese a haber nacido en la República Dominicana, carecen de ciudadanía y acceso a documentación básica, lo que limita su posibilidad de buscar otro empleo.

Trabajadores entrevistados de forma anónima describieron condiciones de vida precarias, incluyendo viviendas hacinadas sin agua ni electricidad, y denunciaron que les pagan menos del salario mínimo. Uno de ellos declaró: “¿Por qué nos quedaríamos? Así somos sus esclavos”. Otro señaló que los supervisores de la empresa deciden unilateralmente cuánto se debe pagar a cada trabajador, impidiendo que puedan reclamar salarios justos.

Corporate Accountability Lab exigió al gobierno de Estados Unidos restablecer la prohibición de importaciones y pidió a Central Romana Corporation que inscriba a sus trabajadores en el sistema de seguridad social nacional, pague al menos el salario mínimo diario, permita la afiliación sindical independiente y garantice condiciones de vivienda y salud dignas. La organización advirtió que, mientras las empresas se beneficien del acceso al mercado estadounidense sin abordar los abusos laborales, la política comercial de EE.UU. seguirá siendo cómplice de las violaciones que afirma condenar.