Informe acusa a Rusia de operar red global de trata para reclutar combatientes en guerra de Ucrania

Un informe conjunto de organizaciones internacionales de derechos humanos acusa a Rusia de operar una red mundial de trata de personas con el objetivo de reclutar individuos vulnerables para su participación en la guerra contra Ucrania. El documento, titulado '¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación rusa de combatientes extranjeros en su guerra contra Ucrania', fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Truth Hounds (TH) y la Oficina Internacional de Kazajstán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR).

Tras nueve meses de investigación, las organizaciones entrevistaron a al menos 16 prisioneros de guerra, consultaron a expertos militares y en derechos humanos, y analizaron fuentes abiertas. El informe concluye que las prácticas documentadas respaldan la determinación de que Rusia es responsable de operar una red mundial de trata de personas dirigida a individuos en situación de vulnerabilidad mediante coacción o engaño.

La responsabilidad se atribuye tanto al reclutamiento directo orquestado por el Estado ruso como a la omisión de Moscú en prevenir, investigar y perseguir redes transnacionales que operan en su beneficio. Tras sufrir enormes bajas en el primer año de la invasión a gran escala en 2022, la cúpula rusa enfrentó un dilema estratégico: cómo mantener la campaña militar sin recurrir a otra movilización parcial que había impulsado a cientos de miles de ciudadanos rusos a abandonar el país.

La solución adoptada fue un sistema institucionalizado de reclutamiento que combina el alistamiento de voluntarios con la captación abusiva de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad socioeconómica. A partir de 2022, se intensificaron las redadas en residencias de migrantes, lugares de trabajo y mezquitas, presentando la firma de un contrato militar como alternativa a la deportación, el procesamiento penal o la detención prolongada.

En 2023, Rusia institucionalizó formalmente el reclutamiento de extranjeros mediante modificaciones legislativas que flexibilizaron los límites de edad, los requisitos de residencia y el conocimiento del idioma ruso para permitir que ciudadanos extranjeros firmaran contratos con el Ministerio de Defensa. Además de la presión administrativa, el informe documenta otras formas de coacción, incluyendo confiscación de documentos, fabricación de cargos penales, golpizas y actos constitutivos de tortura, particularmente contra migrantes de Asia Central y otras regiones.

Las operaciones de reclutamiento fuera de Rusia se basan en redes transnacionales que involucran tanto actores estatales como no estatales. Para América Latina, las redes operan mediante plataformas como Facebook, Telegram y LinkedIn, ofreciendo empleos falsos en construcción, almacenes, seguridad o transporte. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se registró un aumento del 30% en el número de combatientes extranjeros provenientes de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha aprobado numerosas emisiones de visados de turista desde 2023, facilitando el ingreso de reclutas. Se estima que entre 2023 y 2026 fueron alistadas aproximadamente 10,000 personas de Asia Central, 1,800 del sur de Asia, entre 1,700 y 4,000 de África y entre 1,000 y 8,000 de América Latina. Ucrania asegura que hay al menos 27,000 soldados extranjeros de 130 países en sus filas, destacando la participación de brasileños, cubanos, argentinos y colombianos.

Rusia ofrece la ciudadanía a cambio de un año de servicio militar, junto con incentivos económicos de entre 1,700 y 2,000 dólares y sistemas de recompensa para reclutadores privados e institucionales. Sin embargo, según las estimaciones del informe, las personas reclutadas sobreviven en promedio solo 150 días tras su despliegue en el frente.

El alcance global de esta campaña refleja una estrategia deliberada de Rusia para diversificar y ampliar su reserva de combatientes disponibles tras el inicio de su invasión a gran escala en 2022, evitando así nuevas movilizaciones internas que pudieran generar mayor descontento social y fuga de ciudadanos.