Imponen garantías de hasta RD$4 millones a imputados en Operación Armum por tráfico ilícito de armas

Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum, ejecutada por el Ministerio Público contra negocios señalados por comercializar armas de fuego y pertrechos de manera ilícita.

Las medidas incluyen garantías económicas de hasta RD$4 millones, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

En el Distrito Nacional, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso una garantía económica de RD$4 millones a Braulio Veras Rodríguez. También ordenó el pago de RD$3.5 millones a Henry Leónidas Tejeda Peralta y de RD$3 millones a Alexis Díaz Rodríguez, todas mediante contrato de fianza a través de una compañía aseguradora.

A Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decenales se les impusieron garantías económicas de RD$2 millones. Mientras que Wilmer Brahian Florentino (también identificado como Wilmer Brahian Florentino Beltré) y Benito Alifonso Quezada deberán presentar garantías de RD$1 millón.

El caso fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal apoderado del control de la investigación.

En Santo Domingo Este, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso una garantía económica de RD$500,000, presentación periódica e impedimento de salida del país contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez. En esa jurisdicción, las pesquisas son desarrolladas junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este.

El expediente involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel. En Santo Domingo Este también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso Eirl.

Según el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por violación a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, específicamente por presunta tenencia ilícita, acopio o almacenamiento ilícito de armas de fuego y municiones, e intermediación ilícita. Por esos hechos, podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión.

La Operación Armum fue desplegada el pasado 1 de septiembre por el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. El operativo incluyó 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.

Durante las acciones participaron 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores de Defensa y 19 inspectores de Interior y Policía. Durante los allanamientos fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego, entre armas largas, pistolas y revólveres, incluyendo varias sin documentación ni constancia de origen.

Las autoridades también ocuparon alrededor de 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, lo que, según el Ministerio Público, evidencia que habrían sido traficadas de manera ilícita hacia la República Dominicana. Además, fueron incautadas armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado, presuntamente sin los permisos correspondientes.

El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, sostuvo que el caso forma parte de la persecución penal estratégica impulsada por el Ministerio Público.

"El Ministerio Público ha hecho una labor de cara a la actividad de la persecución penal estratégica en consonancia con los lineamientos de la procuradora general de la República, por lo tanto, reconoce que es un caso importante y manda un mensaje a las entidades que se están dedicando a esa actividad ilícita", expresó Mena.

La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, junto a organismos de seguridad y control del Estado.