Implicados en caso Caimán buscan acuerdos para reducir condenas por narcotráfico

Varios implicados en la estructura criminal del caso Caimán, integrada por presuntas narcofamilias, han iniciado negociaciones con el Ministerio Público para obtener una reducción de sus condenas, tras admitir los hechos imputados por el órgano acusador.

Según la acusación fiscal, la red criminal movilizó aproximadamente 28 toneladas de cocaína por año, desde diciembre de 2021 hasta abril de 2024, antes de que sus integrantes fueran apresados y puestos a disposición de la justicia. La organización operaba principalmente en las provincias de Barahona, Peravia y Pedernales, desde donde enviaba cargamentos hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Carlos Manuel Cuevas Pérez, hijo de Gloria González Pérez, es señalado por el Ministerio Público como líder de una facción de la red denominada “Los Santa”. Además de él, otros imputados como Geise Feliz Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián también buscan negociar acuerdos con el órgano acusador.

Estos acuerdos serán presentados y homologados, o rechazados, por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona el próximo 28 de agosto, durante la audiencia correspondiente al juicio seguido contra los implicados en el caso Caimán.

Paralelamente, se conocerá el juicio de fondo contra Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes continúan en el proceso luego de que la Corte de Apelación de Barahona revocara el “No ha lugar” previamente otorgado a su favor por el Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción.

Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, tráfico de drogas y armas, lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado. Según la evidencia presentada, la red utilizaba estructuras logísticas sofisticadas, incluyendo lanchas rápidas artesanales tipo “Go Fast”, para movilizar los cargamentos desde la zona suroeste del país hacia destinos internacionales.

El expediente también incluye a privados de libertad como Juan Alberto Díaz Valdez, Miguel Ángel Carrasco Mejía y Gardy Sánchez, así como a los ciudadanos venezolanos Pablo José Mavo León y Oswaldo José Colina, actualmente recluidos en las cárceles públicas de Baní y Barahona.

Según el Ministerio Público, los ingresos generados por el tráfico de estas aproximadamente 28 toneladas anuales de cocaína ascendieron a miles de millones de dólares, los cuales fueron canalizados hacia capos del narcotráfico internacional. El tribunal ha determinado que existen evidencias suficientes para vincular a los imputados con los hechos, las cuales serán debatidas durante el juicio de fondo.