ICE deporta por segunda vez a dominicano tras cumplir condena por narcotráfico

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la deportación por segunda vez del ciudadano dominicano Jonathan Adames, tras cumplir una condena federal por narcotráfico. La medida se enmarca dentro de la estrategia migratoria del gobierno actual para reforzar el control fronterizo y disuadir el ingreso ilegal al país.

Según informó ICE en su cuenta oficial de X el miércoles 29 de julio, Adames fue expulsado el 14 de julio, pocos días después de salir de una prisión federal donde había cumplido una sentencia de 57 meses por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Este caso representa su segunda deportación desde territorio estadounidense.

La agencia destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza durante el mandato del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que los individuos que ingresan ilegalmente al país enfrentarán sanciones penales significativas y deportación inmediata.

Estas declaraciones se producen en un contexto de reducción significativa en los cruces irregulares por la frontera sur. Según datos proporcionados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a un grupo de periodistas latinoamericanos en marzo de este año, entre el 1 de octubre de 2025 y la fecha del reporte, se registraron aproximadamente 44,000 detenciones, lo que representa una disminución del 77% en comparación con las 194,000 detenciones reportadas durante el mismo período del año fiscal 2025.

Las autoridades atribuyen esta tendencia a una combinación de factores, incluyendo el aumento de personal asignado a la frontera, la implementación de tecnología de vigilancia avanzada y la expansión de la infraestructura fronteriza. Entre las herramientas utilizadas se encuentran sensores terrestres, drones, cámaras de vigilancia, unidades caninas y patrullajes en terrenos variados como desiertos, montañas y zonas urbanas.

ICE reiteró que su prioridad es garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y asegurar que quienes violen las normas de ingreso al país enfrenten las consecuencias legales correspondientes, incluyendo la expulsión del territorio nacional.