Historiador revisa cifra de muertos en masacre de 1937: entre 4.000 y 6.000 haitianos

El historiador Rafael Darío Herrera ha revisado las estimaciones sobre la masacre de haitianos de 1937, ordenada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y sostiene que el número de víctimas se sitúa entre 4.000 y 6.000, muy por debajo de las cifras históricamente manejadas de hasta 30.000 muertos.

Según Herrera, quien entrevistó a testigos y recorrió la región noroeste, esa revisión se basa en el censo de 1935, que registró apenas entre 10.000 y 12.000 haitianos en la zona fronteriza, lo que hace imposible que las víctimas superaran ese número, especialmente considerando que muchos huyeron al conocer los primeros actos de violencia.

Factores que sustentan la nueva estimación

El investigador respalda su conclusión con varios argumentos: el uso de armas blancas en los crímenes, lo que limita la capacidad de matar a decenas de personas en un día por un solo agresor; la topografía montañosa de zonas como Restauración, donde vivía la mayor población haitiana, que dificultó el acceso y la persecución; y el hecho de que, ante el avance de las matanzas, la mayoría de la población haitiana cruzó el río Masacre para buscar refugio en Haití.

Herrera señala que su rango coincide con el de otros estudiosos, como Bernardo Vega, quien también ha situado las víctimas entre 4.000 y 6.000. No obstante, admite que un número exacto nunca se conocerá, ya que muchos heridos cruzaron la frontera y fallecieron en territorio haitiano, donde sus muertes no fueron registradas.

Detalles sobre la ejecución y el encubrimiento

Según las investigaciones de Herrera, Trujillo obligó a los mismos hombres reclutados para la matanza a cavar fosas, enterrar los cuerpos y quemarlos. El historiador afirma haber identificado fosas en localidades como Mahó, Martínez, Loma de Cabrera, Dajabón y Restauración, distribuidas a lo largo de la región noroeste.

Las víctimas fueron, en su mayoría, niños, ancianos y personas sorprendidas desprevenidas, mientras que los haitianos que trabajaban en ingenios azucareros con capital estadounidense o en zonas como La Yuquera y Quinigua fueron excluidos de la violencia.

El régimen justificó la masacre acusando a los haitianos de robo de ganado, pero Herrera encontró en el Archivo General de la Nación un documento de un oficial que desmiente esa excusa, señalando que también muchos dominicanos participaban en esos actos y que, en Montecristi, incluso se expulsó a dominicanos acusados del mismo delito.

Motivo racial y silencio institucional

El criterio para seleccionar a las víctimas, según Herrera, fue el color de la piel, afectando también a rayanos y dominico-haitianos de la frontera, algunos de los cuales tuvieron que pedir permiso al comandante militar de Dajabón para regresar a sus hogares.

El historiador Reynaldo R. Espinal coincide en que la orden fue una decisión personal de Trujillo, ejecutada principalmente por militares y reos, algunos bajo los efectos del alcohol, según testimonios.

Durante los hechos, ningún periódico dominicano publicó información sobre la masacre debido al régimen dictatorial. La noticia se conoció internacionalmente mediante prensa de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Argentina. El régimen intentó minimizar los hechos como «incidentes fronterizos», lo que llevó al canciller haitiano a firmar un documento respaldando esa versión, aunque posteriormente la presión internacional y las denuncias de la Iglesia católica de Haití forzaron una mediación que resultó en una indemnización pactada de 750.000 dólares, de la cual Trujillo finalmente pagó una suma menor.