Henry Molina insta a nuevos abogados a priorizar ética y dignidad humana ante el avance tecnológico

Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, exhortó a las nuevas generaciones de abogadas y abogados de la República Dominicana a ejercer la profesión como una responsabilidad pública orientada a proteger la libertad, la dignidad humana y la confianza social en la justicia.

Durante el acto de juramentación de 1.239 profesionales del derecho, realizado en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y dedicado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano, Molina destacó que la nueva generación inicia su trayectoria en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas, donde el acceso a la información ya no constituye la principal ventaja competitiva de los abogados.

Explicó que herramientas como la inteligencia artificial pueden localizar normas y precedentes, comparar contratos, organizar expedientes y producir borradores en pocos segundos. Sin embargo, subrayó que ninguna tecnología puede prestar juramento, responder moralmente por una decisión, asumir la responsabilidad de una firma ni comprender plenamente la angustia de las personas cuyos derechos, libertades o proyectos de vida dependen de un proceso judicial.

"La inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas"

Afirmó que el valor diferencial de los profesionales del Derecho estará cada vez menos en la acumulación de información y más en su capacidad para discernir, actuar con integridad, comprender el impacto humano de sus decisiones y rendir cuentas por ellas.

Este planteamiento se enmarca en la visión del Plan Justicia del Futuro 2034, que concibe la transformación judicial no solo como modernización tecnológica, sino como un cambio institucional y cultural centrado en las personas. Según este plan, la innovación solo adquiere sentido cuando mejora el servicio, amplía el acceso, reduce las demoras, fortalece la transparencia y protege la dignidad de quienes acuden al sistema de justicia.

Molina advirtió que el avance tecnológico debe ir acompañado de una ética más exigente: a mayor capacidad de las herramientas, mayor debe ser la responsabilidad de quienes las utilizan, y cuanto más rápida sea la respuesta tecnológica, más necesaria será la prudencia para examinar sus consecuencias. Señaló que la innovación pierde legitimidad cuando convierte la eficiencia en un fin desligado de los derechos fundamentales.

En ese contexto, identificó como deberes esenciales de la nueva generación de juristas la defensa de la verdad frente a la desinformación, la protección de la confidencialidad ante el poder creciente de los datos, la preservación de la igualdad frente a los sesgos tecnológicos y la garantía del debido proceso ante la presión de la inmediatez. Por encima de estos compromisos, colocó la obligación de custodiar la dignidad de cada persona.

Asimismo, sostuvo que la justicia no existe únicamente para resolver conflictos. Su función más profunda consiste en hacer posible la confianza: la certeza de que la ley se encuentra por encima de la fuerza, de que quien ejerce poder debe explicar y justificar sus decisiones, de que toda persona tiene derecho a ser escuchada antes de ser juzgada y de que la dignidad no depende de la riqueza, la influencia o la posición social.

"Cada sentencia resuelve un caso, pero también educa a una sociedad"

Agregó que la actuación de cada integrante del sistema produce consecuencias institucionales que trascienden el expediente particular: un abogado íntegro fortalece la confianza pública, un juez independiente fortalece la democracia y un servidor judicial respetuoso reafirma el valor de las personas que acuden a los tribunales.

Molina indicó que el sistema judicial administra procesos, pero también administra confianza. Por esa razón, el ejercicio de la abogacía no puede concebirse exclusivamente como una actividad técnica, una vía de prosperidad personal o un medio para obtener reconocimiento, sino como una forma de servicio a la República y una vocación que compromete a cada profesional con la libertad y la dignidad de los demás.

Finalmente, afirmó que el verdadero cumplimiento del juramento profesional no se mide por las palabras pronunciadas durante la ceremonia, sino por la conducta sostenida a lo largo de los años, evaluada por quienes buscan protección, depositan su confianza en el sistema o participan en su funcionamiento.