Haití recibe primer grupo de 150 deportados tras fin del TPS para más de 300.000 haitianos

Estados Unidos deportó este jueves a más de 150 ciudadanos haitianos, marcando el inicio de las retornos masivos tras la decisión de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 haitianos que residían en el país bajo este beneficio migratorio.

El grupo arribó a Cabo Haitiano, en el norte del país, a bordo de un vuelo chárter operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó una fuente de la Cancillería haitiana a EFE, quien prefirió mantener el anonimato. Las autoridades migratorias y la Policía Nacional de Haití recibieron a los deportados al aterrizaje.

El aeropuerto internacional Toussaint Louverture, ubicado en Puerto Príncipe y principal punto de entrada aérea del país, permanece cerrado debido al control que ejercen las bandas armadas sobre gran parte de la capital, lo que obligó a usar aeropuertos alternativos para la recepción de los retornados.

La medida se enmarca en la resolución del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), anunciada a finales de julio, que dio por concluido el TPS para haitianos tras un fallo de la Corte Suprema que respaldó la política migratoria de la administración de Donald Trump. El fallo consideró que las condiciones en Haití habían mejorado lo suficiente para permitir un retorno seguro, pese a los reportes de violencia generalizada.

El TPS es un beneficio humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias residir y trabajar temporalmente en EE.UU. sin riesgo de deportación. Su terminación deja a más de 300.000 haitianos en situación migratoria irregular.

Haití atraviesa una de sus peores crisis en décadas, marcada por el colapso institucional, el aumento de la pobreza y el dominio de bandas armadas que controlan aproximadamente el 90% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Según datos de las Naciones Unidas, entre enero y mayo de este año se registraron al menos 2.310 muertes y 1.106 heridos por violencia armada en el país.

La inseguridad ha provocado el desplazamiento interno de miles de familias, el cierre de escuelas y centros de salud, y una agudización de la crisis alimentaria en un país ya reconocido como el más pobre de América Latina y el Caribe.