Haití fija elecciones para diciembre de 2026 pese a inseguridad y desafíos logísticos

Haití avanza hacia sus primeras elecciones nacionales desde 2016 con la publicación oficial de un calendario electoral que fija la primera vuelta para el 13 de diciembre de 2026. Este anuncio representa un paso concreto en un país que no ha tenido presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 y carece de autoridades nacionales legitimadas desde enero de 2023.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) confirmó que la jornada electoral incluirá la elección presidencial y legislativa, así como una consulta popular para ratificar reformas constitucionales propuestas. Los resultados definitivos de esta primera ronda se publicarán el 9 de enero de 2027. Si fuera necesario, una segunda vuelta se celebraría el 21 de febrero de 2027, junto con las elecciones de colectividades territoriales, cuyos resultados finales se conocerían el 7 de marzo de 2027 para lo nacional y el 12 de marzo para lo local.

Desafíos de seguridad y logística

No obstante, el propio CEP advirtió que el cumplimiento del calendario depende de lograr un clima de seguridad aceptable y contar con los recursos financieros necesarios. El nuevo cronograma sustituye una planificación previa que proponía las elecciones para el 30 de agosto de 2026, fecha descartada debido al deterioro de la seguridad, los retrasos en el registro de electores y las dificultades logísticas.

Según el calendario oficial, la inscripción de candidatos se llevará a cabo entre el 20 de agosto y el 2 de octubre de 2026, mientras la campaña electoral para la primera vuelta está prevista desde el 5 de octubre hasta el 12 de diciembre. El proceso cuenta con la participación autorizada de más de 300 partidos y organizaciones políticas, lo que refleja un alto nivel de interés político, pero también plantea desafíos en la confección de boletas, la validación de candidaturas y la organización de una campaña nacional equitativa.

Limitaciones territoriales y desplazamiento forzado

El registro de electores comenzó el 20 de julio de 2026, con la apertura inicial de 10 centros en barrios relativamente seguros de Puerto Príncipe. El CEP planea ampliar esta red con otros 20 centros en Pétion-Ville y continúa capacitando agentes de seguridad electoral. Sin embargo, gran parte de estos esfuerzos se concentran en zonas donde el Estado mantiene presencia operativa.

En contraste, bandas armadas controlan aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe y carreteras clave que conectan la capital con los departamentos Centro y Artibonito, regiones donde reside más del 50 % del electorado haitiano. Esta situación pone en riesgo la posibilidad de instalar centros de inscripción y votación en territorios dominados por grupos armados, lo que podría excluir una proporción significativa de la población.

Además, la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 1,4 millones de personas, equivalente al 12 % de la población nacional. Muchos de estos desplazados han perdido sus documentos de identidad, viven en refugios improvisados o se encuentran lejos de sus lugares de registro electoral, lo que complica su participación en el proceso.

Contexto de violencia y recursos financieros

El país enfrenta una crisis de seguridad profunda: en 2025, más de 5,900 personas murieron violentamente, mientras que entre enero y marzo de 2026, la Organización de las Naciones Unidas registró más de 1,600 fallecidos. Estos datos incluyen homicidios, secuestros, extorsiones, violencia sexual, incendios y bloqueos de carreteras.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno y el CEP acordaron un presupuesto estimado de US$120 millones, tras reducir una propuesta inicial significativamente mayor. Sin embargo, la aprobación del presupuesto no garantiza la disponibilidad ni la ejecución normal de los fondos, especialmente en zonas bajo control de grupos armados donde el acceso es limitado o nulo.

El éxito de este proceso electoral dependerá, en última instancia, de la capacidad del Estado y sus socios internacionales para garantizar condiciones mínimas de seguridad, acceso equitativo al voto y protección de los derechos políticos en todo el territorio nacional.