Gobierno retira reforma de tierras a extranjeros tras falta de consenso en el Senado

El gobierno de Javier Milei anunció la retirada temporal de la reforma que buscaba modificar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros en Argentina, tras no lograr los votos necesarios en el Senado para su aprobación.

La iniciativa formaba parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debía ser votada este jueves en la Cámara Alta. El capítulo controvertido, conocido como el capítulo III, proponía derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, vigente desde 2011, que establece un límite del 15% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, además de un tope de 1.000 hectáreas por propietario extranjero en zonas productivas estratégicas.

Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, confirmó la medida mediante un comunicado en el que explicó que la decisión fue adoptada por unanimidad dentro del espacio político, con el objetivo de seguir trabajando en el texto y alcanzar un mayor consenso. Según el comunicado, la postergación no implica la eliminación definitiva del capítulo, sino una pausa para enriquecerlo con nuevos aportes.

El gobierno había intentado inicialmente una liberalización total de las reglas, pero ante la resistencia de aliados parlamentarios, gobernadores, organizaciones sociales y la oposición, ofreció elevar el límite del 15% al 25%. Esta concesión tampoco logró reunir el apoyo necesario, lo que llevó a la retirada completa del capítulo.

La Ley de Tierras de 2011 también prohíbe la adquisición de tierras por extranjeros en zonas de frontera, sobre cuerpos de agua permanentes y en áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales. El oficialismo argumenta que estas restricciones frenan la inversión directa y limitan el desarrollo económico, mientras que sus críticos advierten que su eliminación podría favorecer a grandes capitales extranjeros con riesgos sociales y ambientales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había estimado en mayo que la derogación de la ley podría atraer inversiones cercanas a los US$15.000 millones, aunque no especificó el origen de dichos capitales. El proyecto de ley, enviado al Congreso en marzo, también incluye medidas para acelerar desalojos, obstaculizar expropiaciones y reducir la protección de zonas afectadas por incendios.

Este no es el primer intento del gobierno de modificar la normativa: en diciembre de 2023, Milei intentó derogar la Ley de Tierras mediante un decreto, pero tuvo que retroceder por falta de respaldo político. La votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya había sido pospuesta en julio por falta de acuerdo, y ahora se espera que se trate sin el capítulo de extranjerización de tierras.