Gobierno de Puerto Rico celebra decisión del Supremo de atender demandas contra LUMA Energy

El gobierno de Puerto Rico ha expresado su satisfacción tras la decisión del Tribunal Supremo de atender las demandas presentadas contra LUMA Energy, la empresa responsable de la transmisión y distribución de energía en la isla. La medida, anunciada el 5 de agosto de 2026, representa un paso significativo en los esfuerzos por resolver los conflictos legales relacionados con el servicio eléctrico.

Según fuentes oficiales, el alto tribunal aceptó conocer varios casos que cuestionan los aumentos tarifarios, las interrupciones frecuentes del servicio y las presuntas violaciones a los derechos de los consumidores. Estas demandas fueron interpuestas por grupos comunitarios, organizaciones de defensa del consumidor y municipios afectados por los problemas persistentes en el sistema eléctrico desde la privatización de la transmisión y distribución en 2021.

La gobernadora Jenniffer González Colón destacó que esta decisión refleja el compromiso del Poder Judicial con la justicia y la rendición de cuentas. "Celebramos que el Supremo haya decidido atender estas demandas, lo que brinda una oportunidad para que se escuchen las voces de los puertorriqueños que han sufrido por años un servicio deficiente y costos elevados", declaró en un comunicado oficial.

Los demandantes argumentan que LUMA Energy no ha cumplido con los estándares de servicio establecidos en su contrato y que sus prácticas han contribuido a una crisis de confianza pública. Entre las pruebas presentadas figuran datos de la Oficina del Comisionado de Servicios Públicos que muestran que, desde 2021, Puerto Rico ha experimentado más de 1.200 apagones mayores y tarifas que han aumentado en un 40% promedio.

Por su parte, LUMA Energy ha mantenido que sus operaciones están sujetas a factores externos como el deterioro de la infraestructura heredada y los efectos de eventos climáticos extremos. La empresa ha señalado que ha invertido más de $1.500 millones en mejoras desde su llegada, aunque reconoce que los desafíos persisten.

El caso ahora pasará a la fase de alegatos escritos y potencialmente a audiencias orales, donde ambas partes presentarán sus argumentos. Los expertos en derecho energético señalan que el fallo del Supremo podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad de las empresas privadas en la prestación de servicios públicos esenciales.

Mientras tanto, el gobierno estatal reitera su compromiso de trabajar con todas las partes involucradas para lograr un sistema eléctrico más confiable, transparente y justo para todos los residentes de Puerto Rico. Se espera que el proceso judicial tome varios meses, con una posible resolución antes de finales de 2027.