Gobierno declara 211 zonas afectadas por emergencias catastróficas en 14 comunidades

El Gobierno de España ha declarado 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, tras la aprobación del acuerdo por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior. La medida responde a episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, siendo los incendios forestales la causa predominante.

Las comunidades incluidas son Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana. Entre los eventos más destacados se encuentran los incendios de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, que motivaron la primera declaración de emergencia de interés nacional por incendios forestales en España el pasado 23 de julio.

El presidente Pedro Sánchez ha señalado que los incendios han causado «más de una decena de víctimas mortales» y ha destacado la gravedad del incendio de Los Gallardos en Almería, que provocó trece fallecidos y cuantiosos daños materiales. Además, durante abril se registraron incendios significativos en Galicia y Asturias, como el de Ponteareas (Pontevedra), que alcanzó el nivel operativo 2 y requirió apoyo de medios estatales.

La declaración también incluye emergencias por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, desprendimientos, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas. Se incorpora, fuera del periodo principal, el fuerte viento provocado por la borrasca Marta en Cataluña el 9 de febrero.

«¿Qué más tiene que pasar, qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?», se ha preguntado Sánchez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que «la emergencia climática mata» y que el negacionismo «desarma» a quienes deben proteger a la población, impidiendo anticipar la magnitud del desafío. Ha subrayado que el año anterior también fue «particularmente difícil» para los servicios de emergencia y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La declaración permite a los damnificados solicitar ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se podrán subvencionar prestaciones personales o de bienes realizadas para responder a las emergencias.

Además, se aprobarán exenciones de tasas por duplicados de permisos de circulación o conducción y bajas de vehículos siniestrados. La medida abre la vía a beneficios fiscales, medidas laborales y exenciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Hacienda podrá establecer exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas.

Habrá ayudas por un importe de hasta el 50 por ciento para los proyectos que ejecuten las entidades locales. Sánchez ha recordado que los incendios forestales han calcinado más de 170.000 hectáreas en España en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la quemada durante el mismo periodo de 2025.

El presidente ha insistido en la necesidad de lograr la unión de todas las fuerzas políticas y de la sociedad frente a la emergencia climática, calificando como «no aceptable» aplicar recortes en políticas de mitigación y adaptación climática o carecer de colaboración entre administraciones en prevención y reconstrucción.

El Gobierno ha pospuesto la aprobación de un real decreto ley sobre vivienda a septiembre tras constatar falta de apoyos en el Congreso. Se prevé que el Consejo apruebe el proyecto de ley orgánica de integridad pública y un anteproyecto para proteger a trabajadores que denuncien corrupción. Asimismo, se incluyen ayudas de 45 millones de euros para alojamientos universitarios asequibles.