Gobierno crea el Servicio Nacional de Atención Residencial para fortalecer protección infantil

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 676-26 para crear el Servicio Nacional de Atención Residencial (SEÑAR), un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de fortalecer el sistema de protección a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

El SEÑAR gestionará, operará y prestará programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección, asegurando un servicio oportuno, integral y especializado, enfocado en el interés superior del menor y los principios de excepcionalidad y temporalidad.

La nueva entidad operará bajo la regulación y rectoría del CONANI, que mantendrá su rol como ente rector del Sistema Nacional de Protección y supervisor técnico del SEÑAR, mediante una delegación extrajerárquica e intersubjetiva acordada entre ambas instituciones.

El servicio aplicará criterios estrictos de separación de perfiles, considerando edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental, para garantizar una atención diferenciada y de alta calidad en hogares de paso y centros residenciales.

Se coordinarán acciones con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para garantizar la atención integral, el tratamiento clínico y la habilitación psicosocial de los menores acogidos en el sistema residencial.

Para su puesta en marcha, se creará una Comisión de Transición e Implementación, integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia (que la coordinará), Ministerio de Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia, Salud Pública, SNS, CONANI y la dirección ejecutiva del SEÑAR, encargada de diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales.

La comisión ejecutará un plan estratégico que contempla ampliar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial para el año 2027, año en el que el SEÑAR iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero, garantizando la continuidad absoluta de los servicios existentes y la protección jurídica de expedientes y personal.

Con esta medida, el gobierno reafirma su compromiso con la salvaguarda de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, dotando al Estado de herramientas modernas y especializadas para asegurar un futuro digno y seguro a los menores en situación de vulnerabilidad.