Funcionarios regresan al gobierno tras superar controversias públicas

En la administración pública dominicana, la salida de un funcionario por cuestionamientos o investigaciones judiciales no implica necesariamente el fin de su carrera en el servicio estatal. Casos recientes demuestran que, tras periodos de alejamiento, algunos funcionarios pueden regresar a ocupar cargos directivos mediante decretos del Poder Ejecutivo.

El ejemplo más reciente es el de Mérido de Jesús Torres Espinal, quien fue separado de su cargo como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) en 2023, tras ser mencionado por el Ministerio Público en el marco de la Operación Calamar, una investigación por presunta corrupción.

Según el expediente judicial, Torres estuvo vinculado a un acuerdo de pago por terrenos en Boca Chica. Aunque él sostuvo que los fondos recibidos correspondían a honorarios profesionales de su práctica privada previa y se declaró víctima de una campaña de difamación, el Gobierno dispuso su sustitución mediante el decreto 159-23, nombrando a Duarte Méndez Peña como director interino de la UTECT.

No obstante, su alejamiento fue temporal. Mediante el decreto 552-26, Torres regresó al gobierno como director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, un cargo de alta responsabilidad dentro de la estructura estatal.

Este retorno tiene un antecedente directo en el caso de Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD). En enero de 2021, Faña fue suspendido y posteriormente removido de su cargo tras una denuncia por presunto acoso sexual que generó amplio rechazo social.

Tras ser beneficiado con un auto de no ha lugar por los tribunales, quedando descargado de responsabilidad penal, el Poder Ejecutivo lo reincorporó a la administración pública como director del programa Siembra RD, adscrito al Ministerio de Agricultura, cargo que actualmente ocupa.

Ambos casos ponen en debate los criterios éticos y políticos para el retorno de funcionarios cuestionados, así como el peso real que tienen las investigaciones, denuncias y procesos judiciales en la permanencia o reincorporación de figuras al Estado.

En el actual escenario político, estas situaciones muestran que una destitución o salida de un cargo público puede convertirse en un paréntesis antes de un nuevo nombramiento, siempre que el Poder Ejecutivo considere viable su reincorporación a la administración estatal, independientemente del contexto de las controversias iniciales.