Fuerza del Pueblo denuncia desacato del Gobierno a sentencias del TC y presenta agenda de justicia

Fuerza del Pueblo denunció que el Gobierno dominicano incurre en desacato a varias sentencias del Tribunal Constitucional, particularmente la TC/1003/23, que prohíbe el cobro de la tasa de US$10 por la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos, pero que sigue siendo recaudada por la administración pública.

Hotoniel Bonilla, nuevo secretario de Justicia del partido encabezado por Leonel Fernández, afirmó que el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional "no es opcional, sino una obligación del Estado" y aseguró que el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo fallos de la alta corte.

Bonilla expresó preocupación por la aprobación de normas que, según indicó, afectan derechos fundamentales en contradicción con decisiones del Tribunal Constitucional, situación que, según dijo, debilita la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.

Según el informe elaborado por la nueva Secretaría de Justicia del partido, se identifica un proceso de inestabilidad normativa provocado por una práctica legislativa calificada de reactiva, improvisada,ada a intereses coy subordinada a intereses coyunturales.

El dirigente político señaló que el uso de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional para impulsar reformas legales ha generado "una crisis de confianza en las instituciones", al aprobarse leyes o modificaciones que responden a decisiones previamente adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Entre los casos mencionados citó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, la legislación sobre fideicomisos públicos, la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigencia.

En materia de seguridad ciudadana, Bonilla sostuvo que el país carece de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad y denunció la falta de estadísticas confiables sobre personas desaparecidas. Según datos oficiales citados en el informe, durante 2025 fueron reportadas alrededor de 1,300 personas desaparecidas y más de 3,000 desde 2022, aunque consideró insuficientes los mecanismos de búsqueda y la información suministrada a los familiares.

Manifestó preocupación por las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y pidió que cada caso sea investigado de manera independiente por el Ministerio Público, con estricto apego al debido proceso.

Respecto al sistema penitenciario, planteó la necesidad de fortalecer un modelo orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, conforme a los principios establecidos en la Constitución.

Bonilla informó que la Secretaría de Justicia impulsará una agenda nacional enfocada en la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho. Entre las acciones anunciadas figura la defensa de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Público, así como la creación de un mecanismo de monitoreo, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Electorales del partido, para dar seguimiento a actuaciones gubernamentales que puedan generar ventajas electorales.

También anunció que la organización brindará acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos fundamentales y promoverá un debate nacional sobre una nueva etapa de reformas al sistema de justicia.

Durante su intervención, Bonilla sostuvo que la respuesta política debe ser proporcional a los desafíos institucionales que enfrenta el país y afirmó que la nueva Secretaría buscará impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la legalidad y el respeto a la Constitución.

En el acto participaron el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general, Antonio Florián (Peñita); además de Roberto Rosario, Henry Merán, Daniel Beltré, Gideon Santos y Narcisa Pujols, entre otros dirigentes.

Antonio Florián explicó que la creación de la Secretaría de Justicia forma parte del proceso de fortalecimiento institucional del partido y de la adecuación de su estructura al reciente establecimiento del Ministerio de Justicia. Sostuvo que la nueva dependencia contribuirá a la elaboración de propuestas en materia jurídica, al seguimiento del sistema de justicia y a la vinculación del partido con profesionales del sector, como parte de la preparación de la organización con miras a las elecciones de 2028.