Frente Amplio exige justicia por tragedia del Jet Set Club

El partido político Frente Amplio hizo un llamado formal al sistema de justicia para que actúe con firmeza e independencia en el caso de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el Ministerio Público como responsables directos del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club. Este siniestro, ocurrido hace nueve meses, causó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos, constituyéndose como una de las mayores tragedias en la historia reciente del país.

Exigencias de justicia y transparencia

La organización política enfatizó que el caso no debe quedar atrapado en maniobras dilatorias ni en privilegios derivados del poder económico. María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, declaró que las familias afectadas continúan esperando respuestas mientras lloran a sus seres queridos, y que la justicia debe actuar con responsabilidad histórica.

"Nueve meses después, las familias siguen llorando a sus seres queridos y esperan respuestas. La justicia debe actuar con responsabilidad histórica y sancionar a los culpables, ya que la vida humana no puede seguir siendo sacrificada en nombre del lucro, la negligencia empresarial o la impunidad", manifestó Cabrera.

La dirigente política subrayó que el país espera que el proceso judicial avance sin presiones y que la audiencia preliminar convocada marque un paso decisivo hacia la verdad y la reparación. Enfatizó que el Ministerio Público ha presentado pruebas técnicas, peritajes y testimonios que describen una cadena de irresponsabilidades.

Compromiso con las víctimas y prevención

El Frente Amplio reiteró su solidaridad con las víctimas y sus familias, señalando que estas no solo reclaman justicia penal, sino también garantías de no repetición y una reforma seria en los protocolos de supervisión de edificaciones y establecimientos de alta concurrencia.

Cabrera concluyó haciendo un llamado para que esta tragedia marque un antes y un después en la sociedad dominicana, expresando que "la memoria de las 236 vidas perdidas se convierta en compromiso público contra la negligencia, la corrupción y la impunidad". La organización política insistió en que los tribunales deben enviar un mensaje claro: en la República Dominicana nadie está por encima de la ley.

El caso continúa su curso judicial mientras la sociedad dominicana observa el desarrollo de las actuaciones legales relacionadas con una de las tragedias más dolorosas de los últimos tiempos, que ha generado un amplio debate sobre seguridad, responsabilidad empresarial y la efectividad de los mecanismos de supervisión estatal.