Frente Amplio advierte riesgos para productores tras derogación de decreto arrocero
El Frente Amplio advierte que la derogación del decreto arrocero podría afectar a productores nacionales y pide al Gobierno medidas de protección tras presiones externas.
Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía

El Frente Amplio cuestionó la derogación del Decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz, tras su reemplazo por el Decreto 635-26. La organización política advirtió que esta decisión podría aumentar la vulnerabilidad de los agricultores dominicanos frente a la competencia internacional, afectando la producción local, el empleo rural y la seguridad alimentaria del país.
María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que la medida debe analizarse por sus posibles efectos sobre sectores estratégicos de la economía nacional. Según indicó, el Decreto 693-24 había sido emitido tras una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), vinculada a la protección de la cadena arrocera y el abastecimiento interno.
La dirigente señaló que la derogación se produce en un contexto en el que, según la organización, Estados Unidos había solicitado al Gobierno dominicano dejar sin efecto las medidas arancelarias. Cabrera advirtió que una apertura abrupta del mercado podría colocar a los productores nacionales en una situación de desventaja competitiva, y pidió a las autoridades explicar qué acciones implementarán para mitigar un posible debilitamiento del sector.
"Advertimos que abrir de manera abrupta el mercado del arroz podía colocar a nuestros productores en una situación de desventaja", afirmó Cabrera, quien además destacó que la reducción o eliminación de aranceles no garantiza una disminución proporcional en el precio final que paga el consumidor.
Según el Frente Amplio, el costo del arroz depende de múltiples variables, entre ellas los precios internacionales, el transporte, los seguros, el tipo de cambio, los costos portuarios, el procesamiento, la distribución y los márgenes de comercialización. Por ello, la organización planteó que cualquier ajuste en la política arancelaria debe ir acompañado de mecanismos de protección al consumidor y de fortalecimiento de la producción nacional.
El partido político aclaró que su posición no implica un rechazo a los compromisos comerciales del país ni a la modernización del sector arrocero. Al contrario, propuso una política integral que incluya mecanización, investigación, desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos, financiamiento accesible, infraestructura de riego, sistemas de almacenamiento, tecnología y asistencia técnica para los productores.
Además, remarcó que la producción arrocera tiene un impacto significativo en los empleos rurales y en la cadena productiva nacional, por lo que su preservación trasciende el ámbito económico y toca aspectos sociales y de desarrollo territorial.
Cabrera calificó la derogación como un ejemplo de lo que considera una excesiva subordinación del Gobierno dominicano frente a las presiones de Estados Unidos, particularmente cuando estas entran en conflicto con la protección de sectores estratégicos. El Frente Amplio exigió al Ejecutivo que precise qué medidas concretas adoptará para salvaguardar la producción nacional tras la derogación del decreto.
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Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía
Economista y periodista financiero. Ex analista del Banco Central de la República Dominicana. Especialista en mercados y finanzas internacionales.
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