Fraude eléctrico en República Dominicana: hasta 20 años de prisión por robo de energía

Decenas de familias en Villa Central, Barahona, llevan más de una semana sin servicio de energía eléctrica debido a presuntos casos de fraude eléctrico que afectan el suministro en la zona. Esta situación ha puesto en evidencia la gravedad del delito de sustracción ilegal de energía, tipificado en la Ley No. 186-07, que establece sanciones drásticas según la cantidad de energía robada y las circunstancias del hecho.

La Ley No. 186-07 define el fraude eléctrico como la acción intencional de sustraer o apropiarse de energía eléctrica mediante conexiones directas al suministro sin contrato previo con la empresa distribuidora. También incluye la manipulación o alteración de medidores, acometidas y redes de distribución, así como el uso de dispositivos, programas informáticos o elementos electromagnéticos para falsear el registro real del consumo y facturar energía no servida.

Según el artículo 125 de la norma, las penas varían según el volumen de energía sustraída. Para consumos menores a 1,000 kWh, se impone prisión de tres a cinco días o multa de tres a cinco salarios mínimos, o ambas. Si el consumo está entre 1,000 y 2,000 kWh, la pena aumenta a cinco a diez días de prisión o cinco a diez salarios mínimos. Cuando la energía sustraída supera los 2,000 kWh, la sanción es de diez a veinte días de prisión o multa de diez a veinte salarios mínimos, o ambas penas conjuntamente.

Para consumos bajo régimen de tarifa con demanda, las penas son más severas. Si la potencia sustraída es de hasta 20 kW, se aplica prisión de tres a seis meses y multa de cuarenta a ochenta salarios mínimos. Entre 20 y 50 kW, la pena puede llegar hasta un año de prisión y multa de hasta 160 salarios mínimos. Para hasta 100 kW, se establece hasta dos años de prisión y 320 salarios mínimos de multa, mientras que el robo de más de 100 kW puede conllevar hasta tres años de prisión y 500 salarios mínimos de multa.

La ley agrava las sanciones en ciertos casos específicos. Si el fraude es cometido por empleados o ex empleados de empresas públicas o privadas del sector eléctrico, o por sus contratistas, la pena puede aumentar de cinco a diez años de prisión. En caso de reincidencia o múltiples actos de fraude en distintos suministros, se aplica el máximo de la pena prevista. Cuando el delito es realizado por un grupo organizado que comete estas infracciones de forma habitual, se aplican las penas del Código Penal por asociación de malhechores, aumentadas hasta tres años adicionales.

Además, si el fraude ocurre entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., la pena se incrementa en tres años de prisión. En los casos más graves, cuando el hecho provoca lesiones permanentes o la pérdida de una o más vidas, la pena no podrá ser menor de cinco años ni mayor de veinte años de prisión.

Las autoridades continúan investigando los casos en Villa Central y otras zonas del país para combatir este tipo de delitos que afectan tanto la estabilidad del sistema eléctrico como los derechos de los usuarios que pagan correctamente su servicio.