Florida ejecuta a octavo reo en 2026 tras récord de 19 ejecuciones en 2025

Las autoridades de Florida ejecutaron este martes a Andrew Lukehart, un reo de 53 años condenado por el asesinato de una bebé de cinco meses en 1996, marcando la octava pena de muerte aplicada en el estado durante 2026.

Lukehart recibió la inyección letal a las 18:19 hora local (22:19 GMT) en la Prisión Estatal de Florida ubicada en Raiford, en el norte del estado, según confirmaron funcionarios penitenciarios. El hombre fue arrestado en 1996 tras secuestrar a la hija de su novia mientras ella se encontraba fuera de su hogar en Jacksonville.

Según el testimonio judicial y las declaraciones del propio condenado, Lukehart dejó caer intencionalmente al bebé de cabeza contra el suelo, causándole la muerte, y posteriormente arrojó el cuerpo a un estanque. Fue condenado en 1997, un año después de su arresto, tras confesar los hechos ante la policía.

Contexto de las ejecuciones en Florida

Esta ejecución representa la octava realizada en Florida durante 2026, con una novena ya programada para el próximo 25 de junio. El estado mantuvo en 2025 un récord histórico de 19 ejecuciones, la cifra más alta en su historia moderna y equivalente a dos de cada cinco penas de muerte aplicadas en todo Estados Unidos ese año, según datos del Death Penalty Information Center.

Desde que se restableció la pena de muerte a nivel federal en 1976, Florida nunca había superado las ocho ejecuciones anuales, un tope alcanzado previamente solo en 1984 y 2014. El récord de 2025 marca, por tanto, un aumento significativo en la aplicación de esta pena en el estado.

Situación actual del corredor de la muerte en Florida

Actualmente, 258 personas permanecen en el corredor de la muerte en Florida, la segunda población más grande del país tras California. Sin embargo, en California rige una moratoria oficial a las ejecuciones desde 2019, lo que posiciona a Florida como el estado con mayor actividad en la aplicación de la pena de muerte a nivel nacional.

Además, Florida lidera el país en exoneraciones de condenados en el corredor de la muerte, con un total de 30 casos documentados hasta 2025, lo que genera un debate continuo sobre la fiabilidad y equidad del sistema de justicia penal en el estado.