Florida ejecuta a Dennis Sochor, de 74 años, por asesinato de 1981

Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este martes a Dennis Sochor, de 74 años, mediante inyección letal a las 6:00 p.m. hora local en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford. La ejecución corresponde al décimo ajusticiamiento del estado en 2026 y fue ordenada por el gobernador Ron DeSantis en junio.

Sochor fue condenado por el secuestro y asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años desaparecida en Nochevieja de 1981 en el condado de Broward, sureste de Florida. Según los registros judiciales, confesó haberla estrangulado tras su negativa a mantener relaciones sexuales y haber descartado su cuerpo, cuyo paradero nunca fue revelado.

El reo también cumple una cadena perpetua por una agresión sexual cometida en 1980, según el Departamento de Correccionales de Florida. Sus familiares han indicado que no esperan que proporcione información sobre el lugar donde dejó el cuerpo antes de su ejecución.

Contexto de las ejecuciones en Florida

Florida mantiene un ritmo histórico de aplicaciones de la pena de muerte, con 19 ejecuciones en 2025, un récord en su historia moderna y la cifra más alta del país ese año, según el Death Penalty Information Center (DPIC). En 2026, el estado continúa esta tendencia, lo que organizaciones contrarias a la pena capital califican de aceleración sin precedentes.

Organizaciones como Death Penalty Action y Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) han solicitado a DeSantis que detenga la ejecución y conmutela por cadena perpetua. FADP cuestiona la validez del testimonio del hermano del condenado, Gary Sochor, alegando que la Fiscalía ocultó pruebas favorables, incluyendo la inmunidad otorgada a dicho testigo a cambio de su declaración.

"La inyección letal puede provocar un sufrimiento extremo", advierte Death Penalty Action, citando autopsias de ejecuciones recientes con signos de edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones que, según los abogados de Sochor, causa sensación de ahogo antes de la muerte.

El Tribunal Supremo de Florida rechazó los últimos recursos del condenado y avaló la ejecución, pese a los argumentos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que también denuncian un supuesto sesgo racial y arbitrariedad en la aplicación de la pena capital en el estado.