Fiscalía investiga a Julio Iglesias por agresión sexual y trata

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. El procedimiento judicial se inició tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos mujeres que trabajaron profesionalmente para el artista.

Detalles de la denuncia

Las dos denunciantes, representadas legalmente por la organización Women's Link Worldwide, alegan haber sufrido episodios de acoso y violencia sexual durante el año 2021. Según su relato, los hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las mujeres se desempeñaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. La investigación también incluye a dos empleadas del equipo de Iglesias, señaladas por presuntamente captar a las trabajadoras y coordinar sus condiciones laborales.

"El equipo legal de las víctimas ha calificado estas actuaciones como una posible organización criminal dedicada a la explotación de mujeres en el entorno del cantante", según documentos judiciales.

Investigación en curso

El Ministerio Público mantiene las diligencias bajo secreto mientras determina la veracidad y alcance de los hechos denunciados. Las autoridades han recordado que la presunción de inocencia se mantiene vigente durante todo el proceso investigativo.

La investigación judicial coincide con un reportaje periodístico coordinado entre eldiario.es y Univisión Noticias. Las extrabajadoras proporcionaron a los medios diversos documentos que incluyen:

• Contratos y documentos laborales
• Fotografías y grabaciones
• Mensajes de WhatsApp y registros de llamadas
• Solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a gobiernos de España, Bahamas y República Dominicana

Posicionamiento institucional

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, manifestó el compromiso del Ejecutivo con el esclarecimiento de los hechos y rechazó cualquier espacio de impunidad. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apeló a la protección de las víctimas y a la necesidad de investigar rigurosamente la ausencia de consentimiento.

El caso continúa su curso en la Audiencia Nacional, tribunal competente para investigar delitos de trata de seres humanos. Las autoridades no han proporcionado plazos estimados para la conclusión de las diligencias investigativas.