Fiscalía de Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles en 1996, informó este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier. La acusación señala conspiración para cometer asesinato en primer grado por el ataque contra las aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, basada en Miami.

La orden fue emitida tras la reapertura de la investigación ordenada por Uthmeier el año pasado, luego de tres décadas sin avances significativos en el caso. Según la fiscalía, Castro, quien entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, habría autorizado el uso de cazas MiG para interceptar y destruir las avionetas Cessna desarmadas que volaban en espacio aéreo internacional.

"Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista", afirmó James Uthmeier durante el anuncio.

Las víctimas mortales identificadas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., todos miembros de Hermanos al Rescate, organización dedicada a localizar y asistir a cubanos que intentaban escapar de la isla por mar. Las avionetas despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, y fueron atacadas mientras se encontraban, según la fiscalía, muy fuera de las aguas territoriales de Cuba.

Uthmeier también sostuvo que espías del gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilando inteligencia que supuestamente facilitó la localización de las aeronaves por parte de los MiG cubanos. Este argumento forma parte de la base para acusar a Castro de conspiración y asesinato.

El caso se enmarca en un contexto de creciente presión política por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el gobierno cubano, con nuevas sanciones y medidas restrictivas contra figuras vinculadas al régimen, en medio de una profunda crisis económica en la isla.

Esta orden estatal constituye un nuevo paso procesal en una investigación que Florida reactivó en marzo de este año, casi 30 años después del incidente. Castro ya había sido acusado formalmente por justicia federal estadounidense en mayo pasado por cargos similares, incluyendo asesinato y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses.