Fiscalía española tomará declaración a denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará declaración a dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de acoso y agresión sexual, según anunció este miércoles el equipo legal que las representa. Las declaraciones se realizarán bajo la figura de testigos protegidos, una medida solicitada por las denunciantes.

Procedimiento en curso

El proceso se encuentra en fase preprocesal, según confirmó la Fiscalía, que mantiene el secreto de las diligencias. La abogada Gema Fernández, de Women's Link, organización que representa a las mujeres, señaló que la Fiscalía dispone de seis meses para determinar si los hechos tienen relevancia penal y decide archivar el caso o formular una querella.

No hay fecha prevista para las declaraciones, que podrían realizarse por medios telemáticos dado que las denunciantes no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", añadió Fernández, quien afirmó que el caso es competencia de la justicia española.

"Es un paso muy importante en la búsqueda de la justicia. Las autoridades están respondiendo de forma ágil", afirmó Giovana Ríos, directora ejecutiva de Women's Link.

Medidas de protección y ampliación del caso

Las medidas de protección solicitadas incluyen evitar el contacto entre las denunciantes, sus familiares y el entorno del cantante, proteger la intimidad de las mujeres y prevenir la revictimización de trabajadoras que aún estén empleadas por Iglesias. Ríos justificó estas medidas argumentando que el cantante "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes" debido a su influencia y poder económico.

La organización Women's Link reveló que otras mujeres que trabajaron para el artista se han puesto en contacto con ellas, aunque no especificó si también fueron presuntas víctimas. Para proteger su intimidad, no se ofrecieron más datos al respecto.

Contexto de las denuncias

Los presuntos hechos, denunciados el 5 de enero, habrían ocurrido en 2021 en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las denunciantes era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Según los medios elDiario.es y Univisión, que investigaron el caso, las extrabajadoras aportaron como prueba documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios gestionados por Julio Iglesias ante los gobiernos de España, Bahamas y República Dominicana.

El relato de las denunciantes describe agresiones sexuales que incluirían penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas. La denuncia contempla que los hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, acoso sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, señaló que investigaciones de la ONG indican que este no sería un caso aislado, sino parte de "un patrón" detectado en otros países que afecta principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza. Álvarez criticó estructuras laborales que operan sobre la idea de que "el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible".