Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presuntos delitos en el extranjero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha iniciado una investigación preliminar contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, acoso y agresión sexual. Los hechos, según la denuncia presentada, habrían ocurrido en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas durante 2021.

Fundamentos de la denuncia

La organización Women’s Link Worldwide, con el respaldo de Amnistía Internacional España, presentó la denuncia el 5 de enero basándose en los testimonios de dos mujeres identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura. Según su relato, eran trabajadoras migrantes en situación de vulnerabilidad, sin contratos formales y alojadas en las residencias del denunciado.

La directora legal para Europa de Women’s Link, Gema Fernández, explicó que los hechos describen un patrón de abuso de poder basado en la posición económica, social y mediática del artista. "Las sobrevivientes relatan jornadas de hasta 16 horas diarias, ausencia de descansos, falta de contrato, control de sus comunicaciones, presión psicológica constante y una exposición reiterada al acoso sexual", detalló Fernández durante una conferencia de prensa.

"Contribuir con el acceso a la justicia que Rebeca y Laura merecen es central a nuestra misión, que aspira a que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias", afirmó Giovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

Competencia extraterritorial de la justicia española

Uno de los aspectos jurídicos clave es la aplicación del principio de extraterritorialidad, que permite a España investigar delitos graves cometidos por sus nacionales en el extranjero. Según explicó la organización, esto está previsto en tratados internacionales ratificados por el país, como el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul.

"El Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar estos delitos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio", precisó Fernández. El objetivo declarado es evitar la impunidad cuando los sistemas judiciales locales no ofrecen una respuesta adecuada.

Medidas de protección y avances procesales

Debido al desequilibrio de poder, se han solicitado medidas de protección específicas para las denunciantes, que incluyen:

• Evitar cualquier contacto directo con el denunciado
• Proteger la identidad e intimidad de las mujeres y sus familiares
• Garantizar declaraciones en condiciones que eviten la revictimización
• Proteger a otras trabajadoras que aún estarían empleadas por el denunciado

Women’s Link confirmó que dos medidas procesales clave ya están en curso: la Fiscalía tomará declaración a las denunciantes y estas han sido reconocidas como testigos protegidas. "Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso fundamental en la búsqueda de justicia", subrayó Ríos Cisnero.

La organización enfatizó que el delito de trata de seres humanos no se limita al tráfico de personas, sino que incluye la captación, traslado y alojamiento con fines de explotación mediante medios como el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad. La denuncia incluye, además de los delitos sexuales, presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.