Fiscalía de EE.UU. propone juicio contra Maduro para junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha propuesto que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial presentado ante un tribunal federal de Nueva York y revisado por EFE. La propuesta se conoce antes de una audiencia programada para este miércoles, en la que se discutirá el calendario del proceso penal en su contra.

Según el escrito fiscal, las partes podrían completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, como la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso. El Gobierno de EE.UU. espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo.

Maduro y Flores asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra con cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero. El político suramericano se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos. Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas.

El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.