Fiscalía de EE.UU. propone juicio contra Maduro y Flores para junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha propuesto que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial presentado ante un tribunal federal de Nueva York y revisado por EFE. La pareja enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

La propuesta se conoce previa a una audiencia programada para este miércoles, en la que se discutirá el calendario del proceso. Según el documento, la Fiscalía prevé que las partes completen la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el caso aún incluye varias etapas previas, como la presentación de mociones por la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso.

El Gobierno de EE.UU. espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo. La defensa, liderada por los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre.

Maduro y Flores asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra. Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero. El político venezolano se declaró no culpable en enero y permanece encarcelado desde entonces en una prisión federal en Brooklyn, tras más de medio año de detención.

Según un reciente análisis del The New York Times, las cortes estadounidenses podrían no tener la autoridad para manejar su caso debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos, lo que podría llevar a los equipos legales de los acusados a intentar anular el proceso basándose en las circunstancias de su captura en Caracas.

En abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, un punto que ha sido tratado en audiencias anteriores y que sigue siendo relevante en el desarrollo del caso.