Fiscalía de EE.UU. propone iniciar juicio contra Maduro en junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha propuesto que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial presentado ante un tribunal federal y revisado por EFE. La propuesta se conoce antes de una audiencia programada para este miércoles, en la que se discutirá el calendario del proceso penal en su contra.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, tras su detención en Caracas el pasado 3 de enero. Desde entonces, Maduro permanece encarcelado en una prisión federal en Brooklyn, donde lleva más de seis meses tras declararse no culpable ante la justicia neoyorquina en enero.

Etapas previas al juicio

Según el documento fiscal, las partes deberían completar el intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye varias etapas preliminares. La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre, mientras que el Gobierno de EE.UU. espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

Además, la defensa tendrá hasta principios de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo. El Gobierno estadounidense avanza en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, tal como se detalla en el escrito judicial.

Contexto legal y desafíos procesales

Este será el tercer audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja. Un reciente análisis del The New York Times sugiere que las cortes estadounidenses podrían carecer de autoridad para manejar el caso, debido a una ley ratificada por EE.UU. que podría limitar su jurisdicción.

Los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían intentar anular el proceso basándose en las circunstancias de su captura en Caracas. En abril, EE.UU. modificó las sanciones a Venezuela para permitir que el gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados de la defensa, un punto que ha sido recurrentemente tratado en audiencias anteriores.