Fiscalía aplaza conciliación entre Yailin y dos jóvenes por difamación digital

La Fiscalía del Distrito Nacional ha pospuesto para el próximo 29 de enero la vista de conciliación relacionada con la querella interpuesta por la artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin "La Más Viral", contra dos jóvenes a quienes acusa de difamación. El proceso, que involucra acusaciones mutuas, será conocido a las 10:00 a.m. de esa fecha.

Un caso de acusaciones cruzadas

El fiscal John Suncar, del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, decidió fusionar en una sola vista dos querellas: la presentada por Yailin contra Mérida Isabel Montás Severino y Nicole Morales, y la que estas últimas interpusieron contra la artista. Esta medida busca agilizar el proceso y resolver las controversias de manera integral.

La querella de la cantante, presentada a través de sus abogados José Antonio Mejía Tejeda y Miguel Ángel Guerrero, alega que las imputadas difamaron no solo a Yailin, sino también a su hija menor de edad y a su padre fallecido, afectando los derechos fundamentales de la niña.

Fundamentos legales de la acusación

Los representantes legales de Yailin sostienen que las acciones denunciadas constituyen una violación a dos cuerpos legales específicos:

• Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Se invocan específicamente los artículos 21 y 22, que sancionan la difamación y la injuria cometidas a través de medios electrónicos o plataformas digitales.
• Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes): Se alega violación al artículo 18, por afectaciones a la privacidad o derechos fundamentales de la hija menor de la artista.

Al concluir la audiencia en el despacho fiscal, Yailin se limitó a hacer comentarios breves sobre el proceso de conciliación. Cuando se le preguntó sobre una posible indemnización por parte de las jóvenes para retirar la querella, la artista no ofreció detalles concretos. Sí mencionó que "en este año vienen muchos proyectos", desviando el foco hacia su carrera profesional.

El caso pone de relieve la creciente aplicación de la legislación sobre delitos digitales en la República Dominicana y cómo figuras públicas recurren a estas herramientas legales para proteger su honor y privacidad, especialmente cuando se involucra a familiares menores de edad. El 29 de enero se determinará si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio o si el caso continuará su curso judicial.