Fiscaldom rechaza pedido de destitución contra fiscal de Santo Domingo Este y Norte

La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) expresó su rechazo a la solicitud pública de destitución contra la magistrada Ayeisa Mareine Cedeño Richiez, procuradora fiscal y directora de la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.

La entidad manifestó preocupación por el reclamo y afirmó que las actuaciones de los fiscales deben evaluarse únicamente mediante los mecanismos constitucionales, legales y disciplinarios establecidos, garantizando el debido proceso, la independencia funcional y las prerrogativas de la carrera del Ministerio Público.

Fiscaldom sostuvo que los miembros del Ministerio Público ejercen sus funciones con autonomía técnica y jurídica, sujetos a la Constitución, las leyes y el principio de objetividad, resaltando que "la independencia funcional constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".

La organización indicó que cualquier cuestionamiento debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes, evitando pronunciamientos públicos que puedan interpretarse como mecanismos de presión contra quienes ejercen la acción pública.

Según informaciones de conocimiento público, las personas detenidas referidas en la denuncia fueron presentadas dentro del plazo legal ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, cuya función es controlar la legalidad de las detenciones y decidir sobre las solicitudes presentadas por las partes.

En ese contexto, corresponde al órgano jurisdiccional determinar la procedencia o no de los planteamientos formulados, conforme a las garantías del debido proceso y al principio de tutela judicial efectiva.

Fiscaldom reconoció que, en un sistema de justicia adversarial, pueden surgir diferencias de criterio entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, pero sostuvo que esas divergencias deben debatirse y resolverse ante los tribunales mediante los recursos y procedimientos previstos en la legislación.

"Esas diferencias deben debatirse y resolverse en los tribunales, preservando siempre el respeto recíproco entre las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia"

La asociación también reconoció la importancia constitucional de la Oficina Nacional de Defensa Pública en la protección del derecho de defensa, pero enfatizó que las discrepancias jurídicas no deben traducirse en solicitudes públicas de destitución contra fiscales por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

Fiscaldom reiteró su compromiso de respaldar a los miembros del Ministerio Público que actúen de manera legítima, con apego a la Constitución, las leyes y los principios que regulan la carrera fiscal, y llamó a los actores del sistema de justicia a fortalecer el diálogo institucional, respetar la autonomía de cada órgano y contribuir a preservar la confianza ciudadana.

"La defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la independencia funcional del Ministerio Público y de la dignidad de sus miembros seguirá siendo un compromiso permanente", concluyó el consejo directivo nacional de la organización.