FINJUS denuncia violaciones a derechos de privados de libertad en RD

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por casos de privados de libertad en la República Dominicana que vulneran garantías constitucionales fundamentales. En un comunicado oficial, la organización advirtió sobre prácticas que violan derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Entre los casos más alarmantes citados por FINJUS figura el de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva desde 2006 hasta su liberación en 2026, tras la intervención de la Defensa Pública. Asimismo, se destacó la detención de 13 personas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación revertida mediante una acción de hábeas corpus.

Estos episodios reflejan problemas estructurales en el sistema de justicia penal dominicano, según la fundación. Señaló que la lentitud procesal, la falta de seguimiento de casos y el uso excesivo de la prisión preventiva como medida anticipada de pena representan una violación al principio constitucional de que la libertad es la regla y su restricción una excepción.

FINJUS enfatizó que la seguridad ciudadana requiere respuestas firmes frente al delito, pero sin confundir firmeza con ausencia de límites. Recordó que en un Estado social y democrático de derecho, el poder punitivo está sometido a la Constitución, la ley, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.

La organización exigió una revisión urgente por parte de las autoridades competentes de cualquier acto de privación de libertad que exceda los límites legales. Subrayó que la privación de libertad es una manifestación aguda del poder estatal y debe ejercerse con estrictos controles, revisión y respeto a los plazos establecidos por la Constitución y las leyes.

Finalmente, FINJUS aclaró que la prisión preventiva no es una condena ni una sanción anticipada. Toda persona detenida conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea conocida y revisada por las autoridades dentro de los mecanismos legales previstos. La Constitución dominicana protege la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.