Finjus advierte que JCE excede facultades al sancionar encuestadoras sin respaldo legal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que la Junta Central Electoral (JCE) no cuenta con facultades legales para inhabilitar, suspender o sancionar a empresas encuestadoras mediante resoluciones administrativas, ya que solo una norma con rango de ley puede definir faltas administrativas e imponer cargos.

Según explicó su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán, el órgano electoral tampoco puede sancionar a una persona o entidad por estar vinculada a una encuesta o su contenido, sin demostrar autoría o intervención directa en la elaboración o difusión de los sondeos.

Finjus sostuvo que, si la JCE considera necesario ampliar el catálogo de penalizaciones contra encuestadoras, debe presentar una iniciativa legislativa ante el Congreso Nacional para que sea ese órgano quien legisle al respecto, respetando así el principio de legalidad y el debido proceso.

Fundamento jurídico de la advertencia

La entidad de la sociedad civil basó su posición en los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución Dominicana, así como en el artículo 4 de la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo, que establecen que únicamente una norma con rango de ley puede definir faltas administrativas e imponer sanciones.

Además, señaló que la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral solo prohíbe la publicación y difusión de sondeos dentro de los ocho (8) días anteriores a las elecciones, dejando permitida dicha actividad fuera de ese plazo, lo que limita el alcance de las facultades sancionadoras de la JCE.

Castaños Guzmán advirtió que actuar fuera de este marco legal vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica en el Estado de Derecho.

Investigación en curso contra AC Media

La advertencia de Finjus surge en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado recientemente por la JCE contra la empresa AC Media, tras la divulgación de dos encuestas sobre intención de voto y simpatía partidaria publicadas en junio del año en curso, de cara a las elecciones presidenciales del 2028.

Según el comunicado de la JCE, la investigación busca determinar el grado de participación, responsabilidad y autoría de AC Media en la publicación y difusión de los resultados de esos estudios, con el fin de aplicar posibles sanciones conforme a su reglamento interno.

Finjus reiteró que cualquier medida restrictiva debe ajustarse estrictamente al marco constitucional y legal vigente, evitando sobreinterpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.