Financiamiento público a partidos: entre crecimiento y falta de control oportuno

Los partidos políticos dominicanos han recibido más de RD$10,000 millones del Estado en la última década, mientras la fiscalización sobre el uso de esos recursos sigue llegando tarde, generando un desfase entre la entrega de fondos y su control efectivo. La Junta Central Electoral (JCE) distribuye el financiamiento y recibe informes, pero la Cámara de Cuentas, encargada de auditoría, no actúa con la misma celeridad, lo que impide conocer a tiempo el destino final del dinero, su forma de gasto y las eventuales sanciones.

El financiamiento combina recursos públicos y aportes privados para gastos ordinarios y de campaña. Según la Ley 20-23 de Régimen Electoral, en años de elecciones generales se asigna el equivalente al 0,5 % de los ingresos nacionales, y en años no electorales, el 0,25 %. La Ley 33-18 establece los criterios de distribución entre partidos mayoritarios, intermedios y minoritarios.

Para analistas, el punto central no es solo el monto recibido, sino la posibilidad real de verificar su uso. La rendición de cuentas requiere identificar quién cobra, qué servicio se paga, qué contrato lo respalda, qué aportes privados ingresan y qué consecuencias se aplican ante incumplimientos.

Evolución del financiamiento público

La Resolución 8-2025 de la JCE confirmó el peso de estos recursos en la vida partidaria, beneficiando principalmente a las organizaciones reconocidas y concentrando los mayores montos en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los montos aumentan en años electorales o preelectorales y disminuyen en años ordinarios, reflejando también decisiones presupuestarias como partidas extraordinarias o ajustes al calendario electoral.

En 2017, los partidos recibieron RD$805,043,462; en 2018, la asignación subió a RD$1,260,400,000; en 2019 llegó a RD$1,506,933,594; y en 2020, año electoral, alcanzó RD$4,013,903,594. Entre 2021 y 2023, la asignación se estabilizó en RD$1,260,000,000 anuales. En 2024, otro año electoral, creció hasta RD$5,041,600,000; para 2025 bajó a RD$1,500,000,000; y en 2026 la Resolución 01-2026 aprobó RD$1,620,000,000, aunque un propuesto recorte del 50 % la reduciría a unos RD$810,000,000.

Debate y control institucional

El debate sobre el monto de esos recursos resurgió en 2026, cuando el presidente Luis Abinader propuso reducir en un 50 % la partida destinada a los partidos políticos, como parte de medidas de austeridad y revisión del gasto público. Para especialistas en transparencia, esta medida plantea una tensión recurrente: reducir el gasto sin debilitar la pluralidad partidaria ni aumentar la dependencia de aportes privados difíciles de rastrear.

La diferencia de funciones es clave: la JCE organiza elecciones, reconoce partidos, distribuye fondos y recibe informes; la Cámara de Cuentas debe auditar el uso del dinero público. Cuando la entrega de fondos no va acompañada de auditoría oportuna, el control queda incompleto.

El tema llegó al Tribunal Superior Electoral (TSE). El 10 de agosto de 2026, el TSE rechazó una solicitud para detener la Resolución 01-2026 de la JCE, pero dejó abierto el conocimiento del fondo del caso, permitiendo que el reparto continúe mientras evalúa si la resolución es correcta o incorrecta.

El volumen del financiamiento confirma la dimensión del problema: las elecciones de 2016, 2020 y 2024 muestran un aumento sostenido del gasto público destinado a la competencia partidaria. El gasto electoral público crece con rapidez, pero la fiscalización sigue rezagada. El Estado aumenta el costo de la competencia sin exigir, con la misma fuerza, controles oportunos sobre proveedores, cuentas bancarias, beneficiarios finales, aportes privados y sanciones efectivas.

El rastro se vuelve más difícil cuando los desembolsos aparecen bajo categorías generales como propaganda, movilización, comunicación, servicios profesionales o operaciones internas. Aunque no son ilegales, estas partidas dicen poco si no vienen acompañadas de contratos, facturas, identificaciones de proveedores, beneficiarios finales y soportes bancarios. Para cualquier ciudadano, el dato importante no es solo cuánto se gastó, sino quién recibió el dinero, por qué servicio y con qué respaldo.

Expertos electorales advierten que la JCE no puede limitarse a ser una ventanilla que entrega dinero y recibe carpetas. Si distribuye fondos públicos, también debe exigir información clara, completa y verificable antes, durante y después del gasto. Recibir informes no basta cuando esos documentos no permiten verificar quién cobró, qué servicio se prestó y si el pago fue real.