Fijan juicio para marzo de 2026 contra dominicana acusada de matar a su hijo autista en Florida

La jueza administrativa adjunta Marisa Tinkler Méndez ha fijado para el lunes 30 de marzo de 2026 el inicio del juicio contra Patricia Ripley, ciudadana de origen dominicano acusada de asesinar a su hijo Alejandro, un niño de 9 años con autismo que no podía comunicarse verbalmente. El caso, que ha generado amplio interés público desde 2020, se desarrollará en la Corte Criminal de Florida.

Según la orden judicial publicada en el docket del caso, el juicio no será reprogramado y seguirá el cronograma establecido: la selección del jurado tomará aproximadamente dos semanas, comenzando el 30 de marzo, mientras que las declaraciones de apertura están previstas para el lunes 13 de abril de 2026. La Fiscalía estableció como fecha límite el 13 de febrero de 2026 para la divulgación de la lista de testigos que presentará durante el proceso.

Patricia Ripley enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato, tras ser acusada de lanzar a su hijo al lago cercano a su residencia en el oeste de Miami el 21 de mayo de 2020, según quedó registrado en un video de seguridad difundido por las autoridades. El cuerpo del menor fue encontrado días después en un estanque cerca de un campo de golf.

La acusada, detenida en mayo de 2020, inicialmente declaró que su hijo había sido secuestrado por dos hombres afroamericanos que buscaban drogas, versión que fue descartada por la investigación policial. Al ser confrontada, Ripley admitted having "something to do" with the child’s death and stated that "he was going to be in a better place", según informaron fuentes policiales.

Ripley se enfrenta a la pena de muerte, una medida que Florida reanudó en 1979 y que desde entonces ha resultado en más de 90 ejecuciones, con solo 30 exoneraciones registradas en el corredor de la muerte. Su caso se enmarca en un estado que mantiene una de las tasas más altas de aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

Tras su arresto, el juez ordenó que los honorarios de su defensa, estimados en 300,000 dólares, fueran cubiertos con fondos públicos, luego de determinar que Ripley era económicamente indigente. Esta decisión generó rechazo en sectores del condado Miami-Dade, quienes señalaron que la acusada posee una vivienda en Florida y presuntamente otras propiedades en la República Dominicana. Organizaciones contrarias a la pena de muerte que la respaldan sostuvieron que estudios financieros independientes confirmaron su condición de indigencia.

El caso continúa siendo seguido de cerca por su impacto en las comunidades dominicana y migrante en Florida, así como por las implicaciones legales y éticas que plantea respecto a la responsabilidad penal, la salud mental y el uso de recursos públicos en procesos judiciales de alta complejidad.