Feminicidios en México: el caso de Claudia Tacoronte revela fallas en la justicia

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en México fue procesado como feminicidio tras la detención de un presunto ladrón apodado 'El Trompas', en un caso que ha puesto en evidencia las inconsistencias en la clasificación de crímenes contra mujeres en el país.

Según autoridades, el hombre fue detenido el jueves tras un operativo federal y vinculado a proceso por feminicidio al día siguiente. Tacoronte, quien recién iniciaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue hallada sin vida en Cuautla, Morelos, tras ser apuñalada.

Su caso no es aislado. Entre marzo y junio, antes de su muerte, otras tres estudiantes de la UAEM desaparecieron y fueron encontradas muertas, junto con una alumna adicional en abril de 2025. De esos cuatro casos, solo dos fueron procesados como feminicidio y tienen detenidos: el novio de Aylín Rodríguez (20 años), hallada en abril de 2025, y Jared Alejandro, expareja presunta de Kimberly Ramos (18 años), localizada en marzo de 2026.

En contraste, no hay información pública sobre detenidos en los casos de Karol Toledo (18 años) y Michelle Fuentes (15), encontradas sin vida en marzo y junio respectivamente.

Clasificación inconsistente de feminicidios

Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncian que muchos asesinatos de mujeres con saña o motivaciones de género se registran como homicidios dolosos, suicidios o accidentes, lo que genera un subregistro de la verdadera dimensión del problema.

María de la Luz Estrada, directora del OCNF, señaló que esta actuación es 'atípica' en México, donde gran parte de los feminicidios no se clasifican como tal sin presión internacional o mediática. Citó un ejemplo local: de cuatro feminicidios recientes acompañados por el OCNF en Ciudad de México, tres fueron inicialmente procesados como accidentes y uno como suicidio.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026, México registró 1.250 muertes violentas de mujeres, de las cuales 380 fueron clasificadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos. En el mismo periodo, se reportaron 1.125 mujeres desaparecidas, con alrededor de cinco casos sin localizar cada día.

Desapariciones y perfil de las víctimas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, a la fecha, 27.431 mujeres permanecen desaparecidas en México. De ellas, casi siete de cada diez con edad registrada tienen entre 10 y 34 años (67%).

El grupo más afectado es el de adolescentes y jóvenes adultos: hay 5.555 casos entre los 15 y 19 años y 2.298 niñas entre los 10 y 14 años, frente a 1.829 niños en ese último rango, lo que convierte a esta franja de edad en la única donde las niñas son mayoría en las desapariciones a nivel nacional.

Además, el país cuenta con 26 Alertas de Violencia de Género activas en 23 de los 32 estados, mecanismos que, según el OCNF, deberían incluir rendición de cuentas semestral por parte de estados y municipios. Sin embargo, la organización critica que el gobierno haya eliminado dicha obligación, incluso en lugares como Cuautla, donde ocurrió el crimen de Tacoronte.

Reacciones y demandas de justicia

El colectivo local Heroicas e Históricas afirmó que la pronta resolución del caso de Tacoronte se debió al 'peso de tener los ojos del mundo encima', y cuestionó por qué no se actúa con la misma celeridad cuando las víctimas son mujeres locales sin visibilidad internacional.

Dar resolución expedita y justa se puede, señalaron, pero solo se logra cuando hay presión externa, mientras muchos casos permanecen impunes debido a falta de recursos para las familias y omisiones en los protocolos de investigación por parte de la fiscalía.

El OCNF insiste en la necesidad de activar alertas por desaparición y aplicar rigurosamente el protocolo de feminicidio, especialmente en un contexto donde la violencia de género se entrelaza con la criminalidad generalizada, dificultando la investigación en territorios controlados por grupos delictivos.