FEDDA denuncia masacre de animales en San Francisco de Macorís y exige investigación penal

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) ha denunciado públicamente el hallazgo de decenas de perros, gatos y gallinas muertos en la comunidad Las Guásumas, ubicada en San Francisco de Macorís, en lo que se presume es un caso de envenenamiento masivo.

Según el comunicado difundido por la organización este jueves en sus redes sociales, existe evidencia suficiente para iniciar una investigación penal seria y diligente por los hechos ocurridos, los cuales fueron reportados por residentes de la zona ante el Ministerio Público.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y dar inicio a las investigaciones preliminares, tal como lo establece el protocolo en casos de presunta crueldad animal.

Contexto y gravedad del hecho

FEDDA calificó el incidente como uno de los casos de crueldad animal más alarmantes registrados en la zona, especialmente considerando que ocurrió apenas tres días después de la conmemoración del Día Internacional del Perro Callejero, celebrado cada 27 de julio.

La organización señaló que este acto constituye una grave violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, la cual prohíbe expresamente el envenenamiento, maltrato y muerte intencional de animales, estableciendo sanciones penales, multas y otras medidas legales según la gravedad de los hechos.

"Este hecho no puede quedar impune. El envenenamiento deliberado de animales constituye una grave violación a la Ley No. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable y representa una amenaza para toda la comunidad", indicó FEDDA en su comunicado oficial.

Riesgos para la salud pública y el medio ambiente

Más allá del impacto directo, FEDDA advirtió que el uso indiscriminado de sustancias tóxicas en espacios comunitarios no solo afecta a los animales, sino que también pone en peligro la vida y la salud de las personas, otros animales y el medio ambiente.

Esta perspectiva amplía el alcance del caso más allá del maltrato animal, situándolo como un asunto de seguridad pública y salud comunitaria que requiere una respuesta coordinada entre autoridades sanitarias, ambientales y judiciales.

La federación reiteró su compromiso de dar seguimiento permanente al caso y ofrecer acompañamiento a los denunciantes y miembros de la comunidad hasta que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes.