Familias de presos políticos denuncian falta de evacuación tras sismos en Venezuela

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia enfrentada por cientos de presos políticos en Venezuela tras los sismos ocurridos hace un mes, que dejaron un saldo de 5.346 fallecidos según el último balance oficial.

Las familias de los detenidos aseguran que no se respetaron los protocolos de evacuación ni de prevención, pese a la fragilidad de las infraestructuras carcelarias donde se encuentran recluidos. La denuncia fue liderada por Andreina Baduel, activista y hermana de un preso político, quien relató que durante los sismos y sus réplicas, no hubo protocolos de evacuación oportuna.

"Pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente", aseguró Baduel, añadiendo que, durante las dos semanas posteriores al terremoto, denunciaron los riesgos estructurales de las cárceles, pero recibieron como respuesta torturas, amenazas y chantajes para mantener a los presos encerrados 24/7.

Según la activista, el riesgo físico tras el sismo se suma a violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo tortura y falta de atención médica. Baduel relató el caso de su hermano, Adolfo, quien lleva seis años y dos meses detenido, cuatro de ellos en el Helicoide, donde fue brutalmente torturado y ahora requiere cuatro operaciones por secuelas.

Además, contó que su padre falleció en la cárcel tras no recibir atención médica, pese a los ruegos de su hijo: "mi papá murió en la cárcel", declaró, destacando que ni siquiera se le brindó asistencia cuando lo solicitó.

En un contexto de supuesta apertura política, la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque organizaciones como el Foro Penal la consideran insuficiente. Según este grupo, actualmente 372 personas permanecen detenidas por motivos políticos, aunque estiman que el número real asciende a 500.

Las oenegés insisten en que no se invisculen las violaciones de derechos humanos que persisten en el país, pese a los esfuerzos propagandísticos del gobierno por proyectar un nuevo momento político de reconciliación y paz. Alrededor de 500 familias continúan esperando la excarcelación de sus seres queridos.