Familiares de víctimas de Jet Set exigen justicia en audiencia preliminar

Familiares de las 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos en el colapso de la discoteca Jet Set se congregaron este martes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia durante la audiencia preliminar del caso. La jornada estuvo marcada por manifestaciones de dolor y reclamos unánimes de responsabilidades penales y administrativas.

Reclamos de responsabilidad

Los afectados responsabilizan directamente a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, quienes fueron conducidos al tribunal. Además, señalan al Estado y a los organismos de inspección de edificaciones por una supuesta falta de supervisión que habría permitido que el local operara con graves deficiencias estructurales.

Los familiares expresaron, a pesar de su dolor, confianza en que el sistema judicial emitirá un veredicto apegado a la ley. Su consigna, coreada de manera unísona, fue clara: "Queremos justicia". Varios de ellos advirtieron que este caso marcará "un antes y un después" en la historia judicial del país en materia de responsabilidad por seguridad en espacios públicos.

"Esto no fue un caso fortuito. Los dueños sabían de las debilidades estructurales del local", afirmó Winston Tejeda, padre de una médica fallecida en la tragedia, quien calificó el suceso como "colosal" y dejó un "vacío irreparable" en su hogar.

Denuncias sobre las causas estructurales

Winston Tejeda ofreció detalles técnicos que, a su juicio, explican la tragedia. Denunció que el edificio, que originalmente funcionaba como un cine, fue modificado sin la debida logística profesional. Sobre su techo se habían acumulado diez capas de cemento, tanques de agua, plantas eléctricas y equipos pesados de aire acondicionado.

Esta carga excesiva, sumada a la "pobreza estructural" de la edificación, habría sido la combinación fatal. Tejeda enfatizó que los propietarios tenían "pleno conocimiento" de estas condiciones de riesgo, lo que descarta, en su opinión, que el colapso fuera un accidente imprevisible.

El proceso judicial se desarrolla bajo la atenta mirada de una sociedad que demanda respuestas claras sobre la seguridad en los espacios de recreación y la rendición de cuentas de quienes los administran y regulan. El caso continúa su curso en los tribunales dominicanos.