Familiares exigen justicia en audiencia por tragedia de discoteca Jet Set

La audiencia preliminar del caso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas y 89 heridas en abril pasado, se desarrolló este martes en medio de un fuerte despliegue de seguridad y un emotivo reclamo de justicia por parte de los familiares de las víctimas.

Protesta y Dolor en las Afueras del Tribunal

Decenas de familiares vestidos de blanco y negro se congregaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo, portando pancartas y coreando consignas contra los imputados, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento. La protesta, cargada de emoción, se intensificó cuando los acusados abandonaron el recinto, escuchándose gritos de "¡asesinos!" entre la multitud.

La zona permaneció fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional desde primeras horas de la mañana para garantizar el orden durante el desarrollo de la audiencia. A pesar de la tensión, el proceso se llevó a cabo sin incidentes mayores.

"Aquí no hay justicia en este país, el que tiene dinero abusa del que no tiene", expresó Serafín de Jesús, padre de una de las víctimas, María Eliana de Jesús (37 años). Su esposa, Rómula Martínez, añadió con voz entrecortada: "Me da rabia verlo ahí con su cara muy limpia mirándonos".

Avances y Plazos en el Proceso Judicial

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, estableció varios plazos clave para la continuación del caso. Otorgó 10 días al Ministerio Público para notificar formalmente la acusación a los abogados de las víctimas y a los querellantes adhesivos.

Posteriormente, la defensa de las víctimas tendrá 30 días adicionales para elaborar y depositar sus escritos una vez recibida la acusación formal. Además, el magistrado fijó para el 30 de enero la realización del contraperitaje solicitado por la defensa de los imputados.

Los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario en perjuicio de las 236 personas fallecidas, así como por golpes y heridas agravadas contra las 89 personas lesionadas, como consecuencia del derrumbe del techo del local ocurrido el 8 de abril.

Cuestionamientos y Acusaciones

Previo al inicio de la audiencia, Wilton Tejeda, padre de otra de las víctimas, reclamó justicia y cuestionó los acuerdos económicos que algunos sobrevivientes y familiares habrían alcanzado con los propietarios del club. Tejeda también señaló la "grave irresponsabilidad estructural" en las condiciones del local.

Según su denuncia, el techo de la discoteca estaba sobrecargado con múltiples capas de cemento, tinacos de agua y equipos pesados, sin contar con las garantías técnicas necesarias para soportar tal peso, lo que habría sido determinante en la tragedia.

El Ministerio Público imputa formalmente a los hermanos Espaillat los cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, y ha solicitado que el caso sea enviado a juicio de fondo para determinar responsabilidades penales. La próxima audiencia marcará un paso crucial en la búsqueda de justicia para las familias afectadas.