Familiares exigen investigación por muerte de hombre bajo custodia policial en San Cristóbal

Familiares de Miguel Antonio Valenzuela, conocido como "Miguelito", realizaron una protesta este jueves frente a la sede de la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal, donde trasladaron el féretro del fallecido para exigir una investigación sobre las circunstancias de su muerte tras permanecer varios días bajo custodia policial.

Según denunciaron los parientes, Valenzuela fue arrestado el 8 de julio por agentes policiales bajo sospecha de estar vinculado a un supuesto fraude con un verifone. Durante su detención, aseguran que presentó un cuadro febril durante varios días sin recibir la atención médica requerida, lo que habría agravado su estado de salud.

Los familiares sostienen que el hombre fue entregado en estado crítico el pasado lunes y falleció poco después. Atribuyen su muerte a presuntos malos tratos durante la detención y a una supuesta negligencia por parte de las autoridades al no trasladarlo oportunamente a un centro de salud para recibir atención médica adecuada.

La manifestación se desarrolló frente al destacamento policial, donde los parientes reclamaron que el caso no quede impune y exigieron la intervención del Ministerio Público para determinar si durante la reclusión se produjeron violaciones a los derechos fundamentales del detenido, incluyendo el derecho a la vida y a la integridad personal.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión pública sobre las denuncias formuladas por la familia ni ha informado si se ha iniciado una investigación interna sobre el caso. Tampoco se han divulgado los resultados de la autopsia que permitan establecer oficialmente la causa de la muerte, lo que ha generado incertidumbre entre los allegados y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención y los protocolos de atención médica para personas privadas de libertad en la República Dominicana, un tema que en ocasiones anteriores ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han reclamado investigaciones independientes cuando se producen muertes bajo custodia estatal.