Familia de Miguelito Valenzuela exige esclarecimiento tras informes médicos contradictorios sobre su muerte

La familia de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, de 43 años, exige una investigación exhaustiva sobre las causas de su fallecimiento tras conocerse dos informes médicos que presentan diagnósticos contradictorios: uno atribuye su muerte a leptospirosis y otro a dengue.

El joven fue arrestado el miércoles 8 de julio por presunta venta ilegal de lotería y trasladado al Destacamento 17 de la Policía en San Cristóbal, donde permaneció cinco días. El lunes 13 de julio fue llevado al Juzgado de Paz Ordinario, donde se le conoció medida de coerción. Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, la jueza ordenó su liberación condicionada a presentación periódica por seis meses, al observar su grave estado de salud.

Ese mismo día fue ingresado de urgencia al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue colocado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Horas después, falleció. Su padre, Angel Lucas Maldonado, declaró que su hijo gozaba de buena salud antes de su detención, lo que genera dudas sobre la repentina evolución clínica.

Dos informes médicos contradicen la causa de muerte: el preliminar del Inacif señala leptospirosis como causa, mientras que un estudio de los Laboratorios Amadita diagnostica dengue. Ambas son enfermedades infecciosas, pero con mecanismos, tratamientos y contextos epidemiológicos distintos, lo que ha generado confusión y desconfianza en la familia y sus representantes legales.

La abogada Fior Elena Campusano, junto a Carlos Rodríguez, representantes legales de la familia, enfatizó que no buscan venganza, sino justicia y responsabilidad: "Nosotros no le estamos adjudicando el hecho a nadie, queremos que se esclarezca la verdad y que los responsables paguen por lo ocurrido".

El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la República por la familia, acompañada de una comisión de Derechos Humanos. Fueron recibidos por el procurador adjunto Pedro Frías, quien les aseguró la disposición del Ministerio Público para esclarecer el caso.

Organizaciones de Derechos Humanos exigen medidas estructurales: los coordinadores regionales Carlos Manuel Sánchez Díaz, Jonathan Báez y Wellington de los Santos Lucas exigieron que el caso "marque un hito en la jurisprudencia penal dominicana" y exijan fiscalización real y diaria en las cárceles preventivas para erradicar la tortura y la sobrepoblación.

Destacaron que en celdas diseñadas para 20 personas se encuentran hasta 100 detenidos, lo que viola derechos fundamentales y pone en riesgo la salud de los internos. La sociedad civil espera que este caso impulse reformas profundas en el sistema penitenciario y en el actuar de las autoridades policiales y judiciales.