Fallecimiento bajo custodia policial en San Cristóbal reaviva debate sobre protocolos

Santo Domingo. Un nuevo caso de fallecimiento bajo custodia policial ha puesto nuevamente en el centro del debate público el cumplimiento de los protocolos de actuación por parte de la Policía Nacional. Se trata de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, quien murió tras permanecer varios días detenido en un destacamento de San Cristóbal, según denunciaron sus familiares.

Los allegados de Valenzuela aseguran que el joven presentó un cuadro de fiebre durante al menos tres días mientras estaba recluido, sin que presuntamente recibiera la atención médica requerida. Denuncian que fue entregado a su familia el pasado lunes en estado agónico y falleció poco después.

Este jueves, familiares trasladaron el féretro con los restos de Valenzuela hasta la sede de la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal para exigir una investigación transparente que establezca las circunstancias de su muerte.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el caso permanece bajo investigación y que están a la espera de los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar de manera concluyente la causa del fallecimiento.

"Primero queremos solidarizarnos con los familiares de esta persona que lamentablemente perdió la vida en un hecho que se encuentra bajo investigación. Estamos a la espera de los resultados del Inacif que nos permitan establecer de manera inequívoca la causa de la muerte", expresó Pesqueira.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia la Policía Nacional, apenas días después de la muerte de Darlyn Emmanuel Mercado Reyes, quien recibió un disparo a quemarropa por parte del cabo José Francisco Moronta Heredia durante un operativo en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste.

El caso de Mercado Reyes, captado en video y ampliamente difundido en redes sociales, generó una ola de críticas por el uso excesivo de la fuerza y por la supuesta falta de intervención de otros agentes presentes. Como consecuencia, la Policía Nacional suspendió a cinco integrantes de la patrulla que acompañaban al cabo Moronta Heredia, considerando que pudieron haber incurrido en faltas disciplinarias o actuado con negligencia.

Aunque ambos casos presentan circunstancias distintas —uno relacionado con el uso de la fuerza durante un operativo y otro con la atención médica a una persona bajo custodia—, comparten un elemento en común: vuelven a poner en duda el cumplimiento de los protocolos policiales y la responsabilidad de los agentes frente a las personas bajo su control.

La muerte de Mercado Reyes abrió el debate sobre la aplicación de los protocolos de abordaje ciudadano, el uso proporcional de la fuerza y la obligación de brindar asistencia inmediata a una persona herida. Ahora, el fallecimiento de Lucas Valenzuela incorpora otro aspecto a la discusión: el deber de garantizar la integridad física y el acceso oportuno a atención médica de toda persona detenida mientras permanece bajo custodia del Estado.

Estos hechos se producen mientras el Gobierno impulsa la transformación de la Policía Nacional y el Congreso estudia modificaciones a la Ley Orgánica 590-16, orientadas a fortalecer los mecanismos de supervisión, control interno y rendición de cuentas de los agentes.