Extienden arrendamiento del ingenio Barahona hasta 2070 pese a denuncias campesinas

La extensión del contrato de arrendamiento del ingenio Barahona hasta 2070 ha generado creciente preocupación entre las comunidades agrícolas del suroeste dominicano, que denuncian desalojos y destrucción de cultivos por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC).

Los habitantes de Barahona, Neyba, Tamayo y zonas aledañas, profundamente religiosos, cuestionan si la providencia divina está del lado de los campesinos o del emporio agroindustrial, ante lo que describen como el uso de maquinaria pesada, fuerzas militares y policiales para avanzar sobre predios ancestrales.

La Diócesis Católica de Barahona ha mantenido una postura firme de rechazo frente a las acciones del consorcio, calificando la destrucción de cultivos menores mediante tractores y equipos de acero como un atropello contra los medios de vida de comunidades vulnerables en Tamayo y Neyba.

Según analistas y fuentes eclesiales, sacerdotes, monjas y delegados sociales de la diócesis acompañan físicamente a los campesinos en asambleas y campamentos de resistencia, como el instalado en El Polvorín, actuando como escudos humanos y testigos institucionales ante los contingentes militares.

Además, la Iglesia utiliza su medio regional, Radio Enriquillo, para visibilizar denuncias agrarias, educar sobre derechos territoriales e informar sobre el impacto ambiental de la actividad azucarera en la región.

Esta presión ha llevado al CAC a implementar programas de mitigación social, según fuentes consultadas, con el objetivo de amortiguar las críticas eclesiales y abordar las demandas de poblaciones históricamente sumidas en la miseria pese a su ubicación en zonas de producción azucarera.

Sin embargo, el aspecto más controvertido permanece en la opacidad que rodea el contrato original entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el CAC, firmado el 13 de diciembre de 1999 por 20 años, y ahora extendido hasta 2070 sin explicaciones públicas claras sobre sus términos, beneficios estatales o justificaciones técnicas.

El gobierno actual, liderado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no ha detallado los alcances de esta prórroga de medio siglo, ni qué nuevas contrapartidas recibiría el Estado por ceder el control total de la propiedad estatal del ingenio a intereses privados.

El arrendamiento se enmarca en la política de reforma y privatización impulsada originalmente por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a finales de los años 90, basada en la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, que buscaba atraer inversión extranjera y traspasar la gestión de empresas estatales deficitarias al sector privado.

Aunque se prometió entonces la dinamización de la región Suroeste, las comunidades denuncian que los beneficios esperados no han materializado, perpetuando invece un ciclo de conflicto territorial, ambiental y social en la Región Enriquillo.