Exsegundo teniente condenado a 30 años por feminicidio de su pareja y suegra en La Vega

El Primer Tribunal Colegiado de La Vega dictó una sentencia de 30 años de prisión contra el ex segundo teniente de la Policía Nacional, Juan Luis Jiménez Adames, por el asesinato de su pareja, Meylin Ariany Marte Rodríguez, y su suegra, Marisela Rodríguez Marte, ocurrido en enero de 2025 en el sector Los Robles de La Vega.

El tribunal, integrado por las juezas Kathia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez, declaró culpable al acusado de feminicidio, violencia de género agravada y uso ilegal de arma de fuego, tras comprobar que irrumpió violentamente en la vivienda de su suegra la noche del 18 de enero de 2025 y disparó ocho veces contra su pareja, quien era madre de sus tres hijos, y mortalmente contra su suegra.

Además de los feminicidios, Jiménez Adames hirió de bala a Franklin Ruiz Inoa, persona de confianza de las víctimas, quien recibió proyectiles en ambos glúteos pero logró sobrevivir. El expediente señala que el ataque se produjo después de que Marte Rodríguez llamara a su madre por ayuda, denunciando maltratos por parte de su pareja ese mismo día.

Tras el doble homicidio, el acusado se fugó y se ocultó en una zona boscosa de Villa Altagracia, específicamente en El Mogote, lo que desencadenó un operativo de búsqueda coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que incluyó allanamientos, rastreos con drones y sobrevuelos en helicóptero. Se entregó voluntariamente el 24 de marzo de 2025, más de dos meses después del crimen.

La pena fue impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La fiscalía de La Vega, representada por la procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, valoró la sentencia como correcta y conforme a la pena máxima solicitada, destacando la correcta aplicación de la Ley 631-16 sobre control de armas y los artículos del Código Penal relacionados con feminicidio y violencia intrafamiliar.

La investigadora Katherin Castillo sostuvo durante el proceso que el acusado violó múltiples disposiciones legales, incluyendo aquellas que tipifican la violencia de género y el uso ilegal de armas de fuego, lo que reforzó la posición del Ministerio Público en el juicio.